Los tres Poderes de la República y el TSE aportarán en total ₡150 mil millones para la atención de familias afectadas por COVID-19.
Por Revista Summa
Para brindar apoyo a la ciudadanía afectada que perdieron sus ingresos a causa de la crisis del COVID-19 y para atender los impactos derivados del mismo, este miércoles el Gobierno de la República presentó a la Asamblea Legislativa un conjunto de medidas por ₡502 mil millones. Los recursos se distribuyen de la siguiente manera:
₡275 mil millones se destinarían para la atención de las personas afectadas.
₡2400 millones para el Ministerio de Salud.
₡224 649 millones para la deuda pública.
Este grupo de medidas se materializa con un primer presupuesto extraordinario por ₡377 mil millones. Parte de los recursos serán dirigidos al IMAS, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Salud.
Para incluir los ₡125 mil millones restantes ya están listas las mociones para que dichos recursos se incluyan en el presupuesto. Los cuales están en los expedientes expediente 21.909, Ley de protección a las personas durante la emergencia por la enfermedad COVID-19 y 21.908, Ley para autorizar la transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros a favor del Estado, ambos a la espera de que la Asamblea Legislativa los apruebe.
De modo que, si la Asamblea Legislativa aprueba dichas iniciativas antes del primer presupuesto extraordinario, se podrían incorporar también, vía moción, los ₡125 mil millones para atender la emergencia. En caso contrario se necesitaría un segundo presupuesto extraordinario para utilizar estos recursos.
El presupuesto extraordinario por ₡377 mil millones incluye recursos de todas las instituciones dentro del Presupuesto Nacional, las cuales, sin excepción, reajustaron sus prioridades para responder de manera solidaria a la atención de las familias afectadas.
El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, manifestó que el Ejecutivo tiene que actuar para que las familias que han perdido sus ingresos por la emergencia tengan apoyo para atender sus necesidades más básicas: “aún con la estrechez fiscal por la que atraviesa el país, el Gobierno de la República tiene como prioridad atender las necesidades de la población. Trabajamos entre los distintos actores políticos y sociales, para atender de manera solidaria a los grupos más vulnerables, al tiempo que, mantenemos nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal. Estas acciones han sido tomadas con la mayor responsabilidad y compromiso, para luego emprender la fase de reconstrucción que retoma el camino hacia el saneamiento de las finanzas públicas, tal y como lo veníamos haciendo en los últimos meses”.
La reasignación presupuestaria de las 24 instituciones que conforman los tres Poderes de la República, y el Tribunal Supremo de Elecciones, se usarán para financiar las transferencias que el IMAS y el Ministerio de Trabajo darán a las familias que en este momento se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El ministro de Hacienda, Rodrigo A. Chaves, recalcó que el país debe atender la crisis dentro del marco de la responsabilidad fiscal: “por medio de este presupuesto extraordinario, estamos atendiendo dos necesidades imperativas: a las familias costarricenses que lamentablemente han perdido sus ingresos, y honrar la deuda del país. Es una responsabilidad con la ciudadanía y con las finanzas públicas. Confiamos en que la Asamblea Legislativa continuará actuando rápidamente en esta crisis”.