A la fecha Costa Rica ha logrado la aprobación de 12 de 22 requisitos establecidos por la OCDE, pero el plazo del cumplimiento se agota, y podría quedar fuera en el 2022.

Por Revista Summa

Costa Rica está en riesgo de no lograr su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) gracias a las debilidades que se presentan el Sector Público y a la presión que ejercen otros países que hacen ¨fila¨ para lograr la aprobación de su ingreso. Este será uno de los temas que se analizarán en el VI Congreso de Información Financiera del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, que se desarrollará este 12 y 13 de setiembre, en el Centro de Convenciones Costa Rica.

De acuerdo con Ronald Artavia Chavarría, el país inició en el 2012 el reto de ingresar a la OCDE, organización a la que pertenecen 37 países que cumplen con estándares de calidad en la aplicación de políticas públicas, tales como la existencia de una mayor seguridad jurídica, elemento clave para la atracción de inversión extranjera.

“A la fecha Costa Rica ha logrado la aprobación de 12 de 22 requisitos establecidos por la OCDE, pero el plazo del cumplimiento se agota, y podríamos quedar fuera en el 2022, ya que otros países como Brasil, Perú y Argentina están avanzando para lograr su ingreso¨, indicó Artavia.  

Dentro de las políticas públicas requeridas destacan la aplicación de los marcos de información financiera de uso general que se utilizan alrededor del mundo, entre ellos las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) aplicables a gran cantidad de entidades públicas; las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), utilizadas por el sector privado y algunas empresas estatales; por ejemplo: Recope. Asimismo, las NIIF para Pymes, utilizadas principalmente por pequeñas y medianas empresas.

Estos marcos contables tienen como objetivo armonizar las normas utilizadas a nivel mundial, al estructurar la teoría contable para definir límites y condiciones de operación de los sistemas de información financiera.

Además, constituyen un marco regulador para la emisión de estados financieros, y hacen más eficientes los procesos de elaboración y presentación de la información financiera de uso general, con lo cual se fortalecen las características de comparabilidad y confiabilidad de ésta, permitiéndole a los inversionistas, al sector financiero público y privado, al estado, a los ciudadanos, y en general a todos los actores; sean del sector público o privado; tomar decisiones acertadas de crédito, inversión, o de regulación;  con base en dicha información.

Sector público en deuda

En cuanto a la implementación de los marcos contables de información financiera de uso general, es precisamente el sector público el que presenta más rezago en la adopción de las NICSP; no obstante, ya su implementación no puede ir más allá del año 2022, por ello la Contabilidad Nacional está enfocando sus esfuerzos a la obtención de este objetivo, y el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica se suma a los esfuerzos del país y colabora con la Contabilidad Nacional.

Actualmente, Costa Rica tiene una baja calificación de la deuda y acceso a algunas líneas de crédito internacionales que no son muy favorables como, por ejemplo: la baja calificación internacional hace que las condiciones de crédito que se consiguen en el exterior no sean ventajosas por no aplicar los estándares internacionales, lo que convierte al país en poco competitivo, ya que los inversionistas no pueden realizar comparaciones de mercado, aunado al déficit de las políticas públicas. 

“Con la presentación de estados financieros bajo estándares internacionales que permiten tener información comparativa, en pequeñas y medianas empresas, empresas públicas y privadas, el país gana porque se hace atractivo para inversionistas, lo cual nos sacaría de la parálisis económica que vivimos”, finalizó Artavia.

El proceso de adhesión a la OCDE depende del análisis o evaluación de los diferentes comités de la organización sobre la legislación, las políticas y prácticas de Costa Rica. Ser parte de este organismo traería al país beneficios, como:

  • Acceso a mejores recomendaciones de políticas públicas y red de expertos
  • Mejoraría la calificación internacional de la deuda
  • Facilitaría el acceso a créditos internacionales con mejores condiciones
  • Ayudaría en la generación de políticas de sostenibilidad medio ambiental

    Si Costa Rica no logra ingresar a la OCDE no se contaría con seguridad jurídica, y por ende la inversión extranjera directa no llegaría al país, se dificultaría la obtención de empréstitos internacionales, el riesgo país no sería favorable, con lo cual, las oportunidades de crecimiento económico se limitarían. “Todo lo anterior daría como resultado un efecto multiplicador negativo y haría más difícil mantener activa la economía nacional y consecuentemente, generar empleo”, subrayó Artavia.

Otros temas

En el VI Congreso Internacional de Información Financiera, también se analizará el impacto en la información financiera tras la implementación de la Ley 9335, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Desde la entrada en vigencia de la Ley 9635, la ciudadanía entró en un proceso de formación, debido a que no estaba acostumbrada a ser puntual con sus obligaciones tributarias. Lo que primero despertó la Ley en la población fue la expectativa de cuánto económicamente les iba a afectar la llegada del Impuesto al Valor Agregado y las nuevas tasas a pagar al incluir algunos productos de consumo y servicios que antes estaban exonerados”, comentó Ronald Artavia.

Agregó que la mayor dificultad que se dio en este proceso fue la falta de información oportuna y el uso de información incorrecta que confundió a los contribuyentes y profesionales tributarios, sumado a la tardía presentación de los reglamentos a la Ley por parte del Ministerio de Hacienda, las fallas en el sistema de pruebas y la complejidad de los nuevos formularios.

“Ahora el principal reto de los contribuyentes es mantenerse informado sobre las fechas en las que debe presentar sus obligaciones tributarias como declaraciones, formularios y pagos; para evitar el cobro de sanciones. Por parte de Hacienda el principal reto será mejorar la atención y respuesta a las consultas que presentan los pagadores de impuestos”, enfatizó el presidente del Colegio de Contadores Públicos.

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