Tipo de cambio, infraestructura deficiente y la creciente ola de inseguridad que afecta a todo el país entre los principales factores que afectan la competitividad de las empresas.
Por Revista Summa
Cada fin de año, desde la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) hacemos un alto en el camino para revisar los desafíos que enfrentamos como país y las rutas posibles para superarlos. Sin embargo, este año no es uno más. La coyuntura electoral hacia las elecciones presidenciales del 2026 convierte este cierre en un punto de inflexión para valorar el rumbo económico, social e institucional que queremos construir juntos.
Conscientes de ello, desde la CICR impulsamos dos esfuerzos concretos que reflejan nuestro compromiso con la democracia y la competitividad del país. Por un lado, ante el preocupante incremento del abstencionismo -especialmente entre las generaciones más jóvenes- lanzamos la campaña Voto Por Mí, una iniciativa de responsabilidad social empresarial que busca elevar la conciencia cívica y promover una participación informada, activa y responsable.
Por otro lado, realizamos un importante ejercicio de diálogo institucional, al recibir en sesiones de Junta Directiva y Comité Ejecutivo ampliado a 10 candidatos presidenciales, con el objetivo de escuchar sus visiones y presentarles las prioridades contenidas en nuestra Agenda de Competitividad, porque solo conversando con claridad es posible construir puntos de encuentro.
“Con una apreciación del colón que arrancó en el segundo semestre del 2022 y que se ha profundizado en las últimas semanas, una infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria que evidencia su fragilidad ante cualquier evento comercial o climático, y un escenario de seguridad que se deteriora aceleradamente en todo el territorio nacional, el próximo gobierno deberá enfrentar un contexto desafiante que requerirá grandes acuerdos para remover las trabas que impiden competir”, señaló Sergio Capón, presidente de la CICR.
Una agenda de competitividad para el sector productivo
En nuestra Agenda de Competitividad se enumeran los principales desafíos que frenan el desempeño del sector productivo y, por ende, afectan el bienestar de todos los costarricenses. Allí destacamos temas estructurales como el tipo de cambio; la calidad y disponibilidad del talento humano; el peso de las cargas sociales; las listas de espera y la sostenibilidad del IVM en la CCSS; el creciente impacto de la inseguridad; el alto costo de la energía; la urgencia de modernizar puertos, carreteras y puestos fronterizos; la necesidad de homologar registros sanitarios y agilizar trámites; el rezago en innovación; los incentivos insuficientes para la producción; y la importancia de una estrategia nacional de internacionalización más profunda y diversificada, que aproveche mejor la plataforma de los tratados comerciales vigentes.
Estos desafíos no son abstractos ni distantes; se viven en las empresas, en los hogares y en cada rincón del país. La Encuesta de Perspectivas Empresariales y Factores de Competitividad 2025 confirma esta realidad: por tercer año consecutivo, el tipo de cambio se mantiene como el principal factor que afecta la capacidad de competir. A esto se suman las cargas sociales, que continúan consolidándose como un obstáculo estructural, y la Cámara de Industrias de Costa Rica
dificultad creciente para encontrar y retener talento humano, un desafío que ha aumentado más del doble en los últimos tres años. La seguridad, además, escaló posiciones y ya obliga a muchas empresas a incurrir en mayores costos, adoptar medidas excepcionales e incluso replantear inversiones.
Estos retos pueden enfrentarse, si existe voluntad política para construir acuerdos
En el ámbito del talento humano, podríamos avanzar significativamente si el país le otorga mayor agilidad al INA para actualizar carreras, contratar instructores y responder a las necesidades del mercado laboral; así como mejorar la coordinación de las necesidades de formación y capacitación entre el sector productivo y el académico, tanto público como privado. Además, es necesario revisar el costo y adecuar los esquemas de cargas sociales para atender las nuevas formas de empleo, sin poner en riesgo el sistema de seguridad social. Al mismo tiempo, en necesario agilizar, por parte de la CCSS, los trámites y listas de espera para mejorar la atención, el clima laboral y la salud de nuestros trabajadores.
En materia energética, la modernización del marco legal del sistema eléctrico es impostergable. El país requiere abrir la inversión en energías renovables, diversificar la matriz energética y actualizar la regulación tarifaria. Principalmente, es prioritaria la aprobación la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, paso esencial para que el país pueda competir en industrias electrointensivas, como de semiconductores e inteligencia artificial, responder a la creciente demanda que requiere la movilidad eléctrica y nuevas inversiones que demanden energía limpia, confiable y a precios competitivos.
Es importante destacar avances en infraestructura como la puesta en marcha del Centro Integrado de Peñas Blancas y el progreso hacia una nueva concesión en Puerto Caldera, ambos esenciales para fortalecer la logística del país. Sin embargo, el desafío ahora es asegurar un flujo realmente ágil de personas y mercancías en el nuevo puesto fronterizo y concretar, en los plazos previstos, la adjudicación de Caldera, de modo que estos avances se traduzcan en una infraestructura capaz de sostener la competitividad nacional.
A esto se suman otras decisiones indispensables, como avanzar en la homologación de registros sanitarios, eliminar trámites innecesarios, fortalecer la lucha contra la informalidad y el comercio ilícito, potenciar la innovación como motor de productividad y replantear la estrategia de internacionalización para diversificar mercados y productos. Todo lo anterior en el marco de la protección del Estado de Derecho y la seguridad jurídica que ha caracterizado el clima de negocio y la solidez de la democracia costarricense.
En el panorama internacional, el comercio atraviesa un contexto de incertidumbre impulsado por el resurgimiento de barreras arancelarias y el aumento de los costos de producción. Los nuevos aranceles aplicados por Estados Unidos desde abril de 2025 refuerzan la urgencia de que Costa Rica diversifique tanto su matriz productiva como sus socios comerciales, pues depender de pocos mercados y sectores incrementa la vulnerabilidad ante crisis externas y cambios inesperados. Esto nos plantea la necesidad de articular una agenda más proactiva desde Comercio Exterior y Cancillería, orientada a minimizar el impacto de estas tarifas mediante gestiones diplomáticas, técnicas y comerciales que defiendan la posición del país y protejan la competitividad de nuestros productos. Todo ello debe ir acompañado del fortalecimiento de las condiciones internas que requiere el sector productivo para competir de manera sostenible.
“Nuestro país ha cosechado grandes logros en su transformación productiva, pero el contexto actual nos exige enfrentar nuevos desafíos. Hoy necesitamos una estrategia país con visión conjunta de desarrollo productivo para construir una Costa Rica más competitiva, segura y próspera”, concluyó el presidente de los industriales.