Engorrosas revisiones, recursos, objeciones y modificaciones exigidas por la Contraloría General de la República retrasan severamente dicho trámite.
Por Revista Summa
Como uno de los problemas estructurales más graves que daña la capacidad de generar puestos de empleo y que golpea fuertemente el bolsillo de las familias costarricenses. De esta manera calificó la industria alimentaria el severo colapso de Puerto Caldera, que cumple ya varios años y que se agrava por recursos, objeciones, revisiones y cambios en los pliegos de condiciones y nuevos carteles que exige la Contraloría General de la República.
Para Juan Ignacio Pérez, Presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), llevan varios años denunciando el serio golpe que este problema le propina a las estructuras de costos para la producción de alimentos en el país y el lamentable incremento en el costo de vida de todos los costarricenses. “Por tal motivo, hace casi un año aplaudimos el lanzamiento de la licitación, pero un año después, las revisiones y procedimientos propios de estos procesos y exigidos por la Contraloría, generan una enorme incerteza sobre si 2026 será un año en que conoceremos la empresa concesionaria”, aseveró Pérez.
Es así como la industria alimentaria hace un llamado a los jerarcas de la autoridad contralora, para que empleen los mecanismos más adecuados que la legislación permita, para que dicho proceso concluya lo antes posible, puesto que el comercio que transita por Puerto Caldera es uno de los pocos motores del desarrollo económico y social que cuenta el país y que no puede continuar colapsado.