Se estima que la obra estaría terminada durante el segundo semestre del 2018 y le permitirá a la Asamblea Legislativa eliminar alquileres, así como gastos continuos no reembolsables y en ocasiones muy onerosos.

Por Revista Summa

El nuevo edificio de la Asamblea Legislativa comenzará a construirse durante el segundo semestre de 2016. Los planos constructivos ya se encuentran en el trámite final del visado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y a finales de marzo comenzará la demolición de infraestructura en los terrenos ubicados al costado oeste del edificio principal, entre Avenida Central y Primera, Calle 15, donde se ubicaban los Apartamentos Lamm, y otros edificios aledaños, cuya área aproximada es de 5.000 m2.

El diseño de la nueva sede fue presentado este viernes en una conferencia de prensa dada por los miembros del Directorio de la Asamblea Legislativa, con la participación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Ministerio de Cultura y Juventud, representantes de Setena y de los bancos estatales BCR, Nacional y Popular; y el arquitecto ganador del concurso, Javier Salinas.

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz Fábrega, manifestó que “estamos muy complacidos de hacer este anuncio, en el Directorio hemos venido revisando cada proceso por lo que nos complace mostrar el diseño del nuevo edificio, obra que le pertenecerá al país: la sede donde se discuten y aprueban las leyes que nos rigen, la casa de todos, la casa donde se construye la democracia.

Así procuramos resolver los problemas de infraestructura que afectan a los funcionarios y también a los cientos de personas que nos visitan día a día”. El Primer Secretario el Directorio Legislativo, Juan Rafael Marín Quirós, señaló que este ha sido un trabajo en conjunto de este Directorio para darle a la ciudadanía un edificio seguro y digno para el Primer Poder de la República. “Para financiar el nuevo edificio legislativo y las demás obras hemos negociado un crédito sindicado de los bancos Costa Rica, Nacional y Popular por US$97,3 millones”.

La Segunda Secretaria del Directorio Legislativo, Karla Prendas Matarrita, indicó que este Directorio se ha tomado el tiempo necesario para que el edificio sea una realidad y tenga la aprobación de todos los organismos técnicos y financieros. “El proyecto para la construcción del nuevo edificio ha sido ampliamente consultado con la Contraloría General de la República, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Secretaría Técnica Ambiental, el Ministerio de Cultura y el Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio, con el fin de que todos los aspectos relacionados con la obra se encuentren a derecho”.

La ejecución de esta obra se hará en tres etapas. La etapa 1 contempló el concurso para la adjudicación del diseño, planos constructivos y permisos. La etapa 2, cuyo inicio se anunció este viernes, abarca la construcción del edificio legislativo. La última etapa contempla la restauración de los inmuebles declarados patrimonio nacional conformados por el edificio legislativo principal, la Casa Rosada y el Sión, así como las plazas y los estacionamientos.

Se trata de una solución constructiva que resuelve las áreas del Plenario Legislativo, las Comisiones Legislativas, los Departamentos Legislativos, oficinas y las áreas comunes del edificio para un total de 50.000 m2. Esta será la columna vertebral del quehacer de la Asamblea Legislativa. La distribución arquitectónica responde a un minucioso estudio de relaciones entre los diferentes departamentos, con el fin de lograr un edificio funcional y más eficiente en la utilización de los recursos y en el tiempo de ejecución de las labores legislativas.

El arquitecto Javier Salinas, encargado del diseño, explicó que en la concepción de la obra están implícitos valores como la solidez, la democracia, la libertad, las raíces y la transparencia, que deben caracterizar al Primer Poder de la República.

Se estima que la obra estaría terminada durante el segundo semestre del 2018 y le permitirá a la Asamblea Legislativa eliminar alquileres, así como gastos continuos no reembolsables y en ocasiones muy onerosos, como consecuencia de la duplicidad en costos por servicios públicos: tales como agua, energía y telecomunicaciones, así como tiempos extraordinarios en seguridad y transporte que generarían ahorros por US$42.79 millones anuales.

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