Conductores señalan que proyecto se redactó basado únicamente en Gobierno, plataformas y concesionarios de taxis, sin tomar en cuenta la realidad de quienes prestan el servicio ni de los usuarios.
Por Revista Summa
Tras la presentación por parte del Gobierno de la República del proyecto de Ley de Transporte Remunerado No Colectivo de Personas y Plataformas Digitales (Expediente número 23.736), cuyo objetivo es igualar las condiciones entre plataformas digitales como Uber y Didi con las que actualmente tienen los taxistas, la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica y Afines (APRIMOTEC) presentó un criterio de disconformidad ante la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Los conductores señalan que este proyecto de Ley se redactó basado únicamente en tres ejes: Gobierno, plataformas y concesionarios de taxis, sin tomar en cuenta la realidad de quienes prestan el servicio diariamente (los conductores) y pone por encima las necesidades de los usuarios de estas plataformas. Esto significa que en el proyecto de Ley se dejó por fuera el aporte innovador y estratégico de más de 30.000 personas que dan vida a la actividad, de acuerdo con el reciente estudio realizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Entre los principales puntos señalados en el criterio presentado, se estipula que la seguridad jurídica y personal de los conductores que realizan la actividad es nula, pues el proyecto detalla únicamente nuevas responsabilidades para el gremio y para que puedan entrar dentro del marco jurídico que se propone, para evitar ser multados por presunto transporte ilegal de personas.
La APRIMOTEC propone que el Tribunal Administrativo de Transporte (Artículo 13) u Oficina de Movilidad Colaborativa (nuevo nombre propuesto) sea administrado bilateralmente por medio del sector productivo (plataformas) y el sector Gobierno y que se financie desde el fondo de movilidad colaborativa.
Adicionalmente, buscan que los procesos administrativos se realicen desde empresa privada, supervisada por el sector público, para que no exista burocracia y de esta manera un conductor evite situaciones como mantenerse más de 3 días bloqueado esperando respuesta por parte del sector público (ejemplo de ello son los casos que llevan más de 6 meses en el CTP).
Además, proponen que existan diferentes canales de atención para el conductor y el usuario, tomando en cuenta Centros de Atención Especializada que agilicen los procesos de manera presencial y digital (autogestión).
La Asociación también busca garantizar mecanismos y procedimientos para fomentar la seguridad de las personas conductoras, evitar el acoso sexual y la discriminación, por lo que propone ampliar la información de los clientes que se ofrece durante los viajes para garantizar seguridad y confianza para ambas partes.
Además, el descontento de los conductores señala que debe haber una forma de que puedan quedar inscritos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y pagar responsabilidades tributarias por medio del régimen simplificado como cualquier persona que ofrezca servicios y contar con pólizas de seguro.
El criterio enviado también busca eliminar el límite de vehículos por propietario, que actualmente son 3 vehículos como máximo, pues afirman que no existe una razón técnica para ello y además cae en la inconstitucionalidad.
“Uno de los objetivos de esta nueva Ley debe ser, el de procurar legalizar a todas las partes de este nuevo modelo de economía colaborativa. Este proyecto de Ley está dejando por fuera una de esas partes: a todas aquellas personas que se dedican a alquilar carros a conductores que no tienen vehículo un propio. Nuestra opinión es que cualquier persona que cumpla con sus obligaciones formales debería poder registrar cuantos vehículos desee y debe ser el mercado el que defina el aprovechamiento de estos vehículos”, señaló Luis Alfredo Román Salas, presidente de APRIMOTEC.
Otro de los criterios que los conductores solicitan revisar es la retención por parte de las plataformas por cada uno de los viajes, que actualmente ronda desde el 9% y hasta el 40%, haciendo que el ingreso de los conductores no sea del todo beneficioso, por lo que solicitan que se regulen estos porcentajes y proponen que la retención por parte de las plataformas sea de máximo 20%.
“Estamos conscientes de la buena intención por parte del Gobierno, empresas privadas y actores que participaron en la redacción y propuestas de este proyecto de Ley, sin embargo, no se tomó en cuenta el aporte innovador, moderno y diferenciado de la representación de conductores, que por más de 6 años ha velado por la creación de esta política pública, para nivelarle la cancha a la cadena de valor del transporte remunerado de personas por medio de plataformas tecnológicas. Por ello, solicitamos muy respetuosamente que se tome en cuenta cada una de las observaciones plasmadas en el criterio presentado y nos ponemos a disposición para continuar el diálogo”, concluyó Román.