Empresarios demandan plan de reactivación económica y señales claras para recuperar confianza del consumidor.

Por Revista Summa

Este año no ha sido fácil para la Industria Alimentaria. El país requiere de un rumbo claro para lograr reactivar la economía y evitar caer en una espiral de desempleo que después sería difícil revertir, asegura la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) en su balance económico del 2018.

Fuerte desaceleración en mercado interno

Este sector compuesto por 1.609 empresas, que contratan de manera formal a 58.179 trabajadores, a octubre de 2018 presentó una reducción de su Índice Mensual de Actividad Manufacturera de un -4,1%, lo cual es un desplome de 7,8 puntos porcentuales con respecto al nivel mostrado en el mismo mes del año anterior, cuando el IMAE de este sector mostraba un crecimiento del 3,81%. El crecimiento promedio de los primeros 10 meses del año fue de un 0.98% pero se espera que llegue a cero o a números rojos en diciembre, debido a que en noviembre y diciembre los impactos de la huelga eran aún latentes.

Caen exportaciones 

Las exportaciones totales de la Industria Alimentaria mostraron un leve decrecimiento con respecto al 2017 de un -1.1%. Productos que mostraron caída en sus ventas al exterior fueron  harinas, grasas, artículos marinos, azúcar, pastas, jugos y alcohol, especialmente por la disminución de las compras en Estados Unidos y Europa.

En cambio los productos como lácteos, carnes procesadas, confitería, chocolatería, cereales y snacks, panificación y galletería, salsas, alimentos diversos y los refrescos tuvieron un repunte moderado con respecto al 2017.

Razones de la contracción del mercado interno

Esta contracción se presentó porque este año las exportaciones no crecieron, sino que tuvieron un leve decrecimiento cercano al -1%, especialmente por la contracción de la demanda de algunos bienes en mercados importantes de Europa y Estados Unidos. Por su parte, el mercado interno fue fuertemente impactado por un combo tóxico de condiciones políticas que redujeron significativamente la confianza de empresarios y consumidores.

 “Estos factores llenaron de pesimismo el clima para hacer negocios y ocasionaron la desconfianza del consumidor”, explicó Maurizio Musmanni, presidente de CACIA. 

Según el Presidente de los empresarios de alimentos, los consumidores sufrieron consecuencias debido a una seria crisis de expectativas negativas, generadas en torno a la situación económica del país, lo cual dio como resultado a un consumidor muy racional que redujo la cantidad de compras, su periodicidad, y que buscó presentaciones de productos más pequeñas y marcas más baratas que desvalorizan categorías.

Expectativas para 2019

Para Musmanni, la mirada hacia el 2019 no es alentadora. Debemos esperar los impactos sobre la capacidad de compra de las familias por los nuevos impuestos y por el incremento del tipo de cambio; debemos vigilar la coyuntura política de Nicaragua que es casi una bomba de tiempo; miramos con preocupación el crecimiento del sector informal de la economía, así como la importación de bienes finales, que son relativamente más baratas debido a los problemas de competitividad país.

No obstante, lo anterior, los empresarios consideran que la crisis de expectativas negativas sí es reversible si empresarios y consumidores reciben señales positivas por parte del sector político, en 

temas que tienen la capacidad mejorar la competitividad del país y reactivar la economía. Por tal motivo, plantean una serie de temas urgentes de atender mediante una política pública firmemente liderada desde la Presidencia de la República.

  • Factores para generar confianza

Estabilidad fiscal de largo plazo. Para los empresarios de alimentos, la  mejor política fiscal sostenible en el tiempo es una una buena política de reactivación económica para la generación de ingresos sanos y una reforma de Estado que elimine el gasto improductivo y los abusos del sector público.   “El Plan Fiscal no resuelve los problemas de fondo del país. Estos problemas lo constituyen el empleo público excesivo, los pluses desmedidos y sistemas salariales desiguales en el sistema público, la diversidad y desintegración de instituciones públicas, las transferencias a entidades descentralizadas sin mayor rendición de cuentas ni análisis costo/beneficio, la declaración de independencia administrativa e  inexistencia de estándares de eficiencia y lógica costo/beneficio; y las recientes huelgas e inconsistencia de la Ley Procesal Laboral que dejaron en evidencia vacíos importantes de seguridad jurídica”, agregó Musmanni.

Por esta razón, CACIA solicita a los diputados no escatimar esfuerzos por hacer las reformas de ley que regulen adecuadamente el derecho a la huelga, para que no se vuelvan a repetir los abusos realizados en esta materia durante el 2018.

Combate a la pesadilla del sector informal el crimen organizado que impacta la economía y distorsiona los mercados de materias primas y bienes finales. La Industria alimentaria solicita al Gobierno una ofensiva fuerte contra el sector informal: topadores, contrabando y prácticas de mercado que destruyen el valor de los productos, golpean el empleo formal y genera riesgos de salud de las personas, evasión fiscal e inseguridad jurídica, etc.  En este año, 158 casos de robos de camiones fueron denunciados ante instancias judiciales,  afectando principalmente a sectores como galletas, carne de res, herramientas, bobinas de metal o cobre, medicamentos, llantas, pescado, mariscos, productos de limpieza, atunes y sardinas, pañales, café, abono, maní, carne de cerdo y pollo, ropa, chocolates y confites, embutidos y quesos. “La mayoría de estos productos son luego comercializados en el mercado informal sin pagar impuestos, sin aportar un solo colón de valor al país, ni a la sociedad”, aseveró Musmanni.

Guillotina a trámites y requisitos que no aportan valor a la sociedad. La burocracia del Estado sigue siendo un dolor de cabeza para la Industria Alimentaria, ya que limita el crecimiento económico del país debido a la lentitud en el registro de alimentos, licencias de operación innecesarias o duplicadas y regulación repetida entre instancias del Poder Ejecutivo (Ministerio de Salud-Ministerio de Agricultura y Ministerio de Ambiente y Energía) con las Municipalidades.

Decisión de Presidencia de la República: Dejar de ser el país más caro de la región en materia de fuentes energéticas. Para diciembre de 2018, el precio de los combustibles que utiliza el país es bastante más caro que el precio promedio del resto de la región. Por ejemplo, en gasolina regular, para 2018 Costa Rica fue un 18% más caro que Centroamérica, en gasolina regular un 24% más caro, en Diesel un 15% más caro, y en GLP hasta un 31% más caro.  De ahí que los empresarios demandan una estrategia país en la que se aborde los diversos escenarios de política, iniciando con la facilitación, liberalización y apertura de mercados de energías alternativas, así como la revisión de un modelo tarifario cargado de costos e ineficiencias que no deben cargarse al sector productivo.

Presentación de programa nacional de competitividad. Es necesario salir del nivel de estancamiento que el país mantiene en una serie de factores clave para la competitividad empresarial. Se requiere una política decidida en temas como carga regulatoria (posición 124 entre 144 países del mundo, según el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, 2018); conectividad de carreteras (111/144); calidad de carreteras (124/144); eficiencia en puertos marinos (89/144); barreras no arancelarias al comercio (109/144); acceso al crédito para pequeña empresa (92/144); costo de iniciar un negocio (77/144) o tiempo para iniciar un negocio (105/144).  Sin una estrategia país para abordar y avanzar en estos temas, el país se condena al estancamiento. 
 
Por último, los empresarios de CACIA señalan al sector político, la necesidad de evitar enfoques políticos que separan a la sociedad. Según Maurizio Musmanni, “este año ha sido de importante desgaste en el que nuevamente el país se ha polarizado. Es importante evitar enfoques regulatorios en todos los campos que pongan a la empresa privada como el actor social que se debe perseguir y castigar, pues no se debe olvidar que es la empresa privada la única que puede crear valor, bienestar general y actividad económica con la que se genera empleo y se pagan impuestos y cargas sociales que financian un modelo de desarrollo”. 

 

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