La autorización legislativa para emitir bonos de deuda externa permitiría al Gobierno financiarse en condiciones más favorables.

Por Revista Summa

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) reitera que los bonos de deuda externa contribuirían a la consolidación fiscal y a impulsar la reactivación económica.

A pesar del esfuerzo realizado durante el último año para ordenar las finanzas públicas, que incluyó entre otras acciones la introducción de medidas administrativas para controlar el gasto en remuneraciones y la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N° 9635), el Gobierno Central mantiene altas necesidades de financiamiento para el periodo 2019-2023. Estas necesidades se explican por el alto gasto financiero en intereses y amortizaciones de deuda, a pesar de la reducción prevista en el déficit primario (es decir, el déficit excluyendo gastos por intereses) del Gobierno de aplicarse estrictamente la reforma fiscal (Gráfico 1), y los canjes de deuda realizados por la Tesorería Nacional.

En particular, aun si se aplican estrictamente las disposiciones de la reforma fiscal y se alcanzara entonces un superávit primario a partir del 2022, las necesidades de financiamiento del Gobierno se mantendrán en alrededor de 11% del producto interno bruto (PIB) en los siguientes cuatro años.

Ante esa realidad, la autorización legislativa para emitir bonos de deuda externa permitiría al Gobierno financiarse en condiciones más favorables (en particular, a tasas de interés más bajas), y reducir presiones sobre los mercados y las tasas de interés internas. En consecuencia, se reduciría el costo de financiamiento total para el Gobierno, tanto en el exterior como en el mercado local. Mejoraría además la gestión de la deuda del Gobierno, al diversificarse sus fuentes de financiamiento.

Más aún, se reducirían también las tasas de interés que enfrentan todos los costarricenses en el mercado interno, lo que, aunado a la mejora en la situación fiscal, reforzaría aún más la confianza de los agentes económicos. A su vez, la mejora en la situación fiscal y en la confianza de los agentes económicos, y la reducción en las tasas de interés internas, tendrían efectos favorables sobre la reactivación económica y la generación de empleo.

En línea con lo anterior, en su Programa Macroeconómico 2019-2020, el Banco Central de Costa Rica estimó que la colocación de bonos de deuda externa por un monto de US$ 1.500 en 2019 y otro tanto en 2020 resultaría en una menor carga de intereses (0,7 puntos porcentuales –p.p.– del PIB), menor deuda total del Gobierno (1,4 p.p.), mayor crédito al sector privado (0,7 p.p.), y un mayor crecimiento económico (1 p.p.), todo ello en comparación con un escenario sin autorización legislativa para la emisión de bonos de deuda externa.

Además, el ingreso de recursos asociados a colocaciones de deuda externa no afectaría el tipo de cambio de manera directa, pues en primera instancia el Gobierno depositaría esas divisas en el Banco Central, sin que deba acudir al mercado cambiario. Así, esos recursos pasarían a formar parte de las reservas internacionales netas (RIN) del Banco Central. Si el Gobierno utilizara esos recursos para hacer frente a pagos en divisas, se cancelaría el impacto sobre las RIN. Si, por otra parte, los necesitare para hacer frente a pagos en moneda nacional, vendería entonces las divisas al Banco Central y recibiría colones a cambio. Ahora bien, en la medida en que estas operaciones impliquen que el Banco Central pueda satisfacer las necesidades de divisas del sector público no bancario con una menor presencia en el mercado cambiario, o si como consecuencia de esas operaciones el nivel de RIN se alejara del rango prudencial indicativo estimado por el Banco Central (entre 11% y 15% del PIB), podría haber un efecto indirecto sobre el tipo de cambio.

Finalmente, el Banco Central utilizaría de forma activa sus instrumentos de política monetaria en caso de preverse algún impacto inflacionario asociado a este financiamiento externo que amenazare con llevar a la inflación, en un horizonte de 18 a 24 meses, por encima del rango meta del Banco Central.

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