Pese a la importancia de proteger los intereses y derechos de los consumidores, éstos suelen verse relegados como prioridad en muchas áreas de las políticas públicas.
Por Revista Summa
“¿Cuánto se protege al consumidor en las políticas públicas?” Varios expertos trataron de resolver esta interrogante durante un webinar organizado por la Academia de Centroamérica y Lead University.
En dicho foro se presentó el estudio “Hacia políticas públicas a favor de la competencia y la protección del consumidor” elaborado con el patrocinio de la Fundación California 49.
En la publicación, seis especialistas analizan cómo mejorar en igual número de áreas con un alto impacto el bienestar de los consumidores. Pese a la importancia que la Constitución Política y las leyes les otorgan, la protección de los intereses y derechos del consumidor suelen verse relegados como prioridad en muchas áreas de las políticas públicas.
El documento reúne seis ensayos en las siguientes áreas:
· Legislación y política de competencia, tomando en cuenta que la falta competencia en los mercados y un marco regulatorio poco favorable a la competencia perjudican al consumidor con menos opciones y precios más altos.
· Protección del consumidor financiero, una tarea pendiente de consolidarse en el país por la falta de legislación sobre la materia.
· Legislación y metodologías de regulación de los servicios públicos, que no promueven eficiencia y trasladan fácilmente los costos a los usuarios.
· Políticas de apoyo a la agricultura para consumo interno, que no han contribuido a aumentar productividad y castigan al consumidor con comida cara.
· Institucionalidad y los procedimientos de defensa de los derechos del consumidor, que requieren reformas para mejorar su eficiencia y eficacia.
· Política del consumidor reflejada en la agenda de adhesión del país a la OCDE, que muestra logros dignos de destacar, pero a la vez grandes tareas pendientes.
Su objetivo no es un análisis jurídico o económico pormenorizado, ni tampoco un documento excesivamente técnico. Lo que se busca es brindar un panorama general de cada área, identificar retos y oportunidades de mejora y plantear recomendaciones sobre cómo podría lograrse un mejor balance, que tome en cuenta y proteja de mejor forma los derechos e intereses del consumidor.
En la actividad participaron los seis autores del estudio: Alan Thompson (abogado y socio en BTA Legal, editor del estudio), Danilo Montero (director general de la Oficina del Consumidor Financiero), Dennis Meléndez (exregulador general de los Servicios Públicos de Costa Rica), Jorge Cornick (economista y socio director en DRP Trejos & Cornick), Uri Weinstok (abogado y socio en BLP Abogados) y Silvia Hernández (economista y exdiputada de la República).
Complementaron las exposiciones las señoras Viviana Blanco, comisionada presidenta de la COPROCOM y Cynthia Zapata, directora de Apoyo al Consumidor del MEIC para brindar la perspectiva desde las instituciones que representan. La moderación estuvo a cargo del señor Tomás Dueñas, vicepresidente de LEAD University.
Este espacio propició la discusión y el análisis de cómo mejorar la protección al consumidor.
Dueñas concluyó que el consumidor en este país se encuentra en el fondo de la pirámide, pero de una pirámide invertida, en donde el peso de la legislación, de la regulación, de los intereses creados y la complejidad del sistema judicial tienen aplastado al consumidor (tal como lo ha dicho la OCDE).
Por lo tanto, tenemos una gran tarea por delante para mejorar efectivamente esta protección de todos los consumidores, añadió.