Crédito contribuirá a financiar los esfuerzos del país para hacer frente a los efectos sanitarios y económicos de la pandemia del COVID-19.

Por Revista Summa

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$250 millones para El Salvador, bajo la modalidad de Financiamiento Especial para el Desarrollo, cuyo destino será el financiamiento de medidas para contener la crisis sanitaria, mitigar su impacto sobre los hogares vulnerables, y promover políticas anticíclicas que reduzcan su efecto en la economía y atenúen la caída de ingresos fiscales a corto plazo.

El crédito también contempla compromisos de las autoridades para reducir el déficit fiscal, focalizar la inversión pública en áreas de alta relevancia para la reactivación económica y mantener una economía competitiva y transparente, una vez que se supere la emergencia sanitaria.

Ante el impacto económico de la pandemia, El Salvador está ejecutando un conjunto de medidas con el objetivo de atender a personas naturales y jurídicas, directamente afectadas por la emergencia. Entre ellas se incluyen la suspensión temporal del pago de servicios como agua potable, electricidad, y telecomunicaciones; una transferencia de US$300 a casi 1,5 millones de familias vulnerables que perdieron su fuente de ingreso; un bono mensual de US$150 a los empleados públicos esenciales; y la prórroga del pago del impuesto sobre la renta del ejercicio 2019 a varios tipos de sujetos pasivos.

Los efectos de la pandemia en las finanzas públicas, en particular el monto importante de endeudamiento requerido para atender la emergencia, requerirán de medidas decisivas en el mediano plazo para proteger la estabilidad macroeconómica, por lo que este crédito también se sustenta en el compromiso del gobierno de implementar medidas en el mediano plazo orientadas a disminuir la deuda pública en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El BID está coordinando activamente con otros organismos financiadores que contribuyen al Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE) que el país ha instituido para enfrentar la crisis provocada por la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales.

El crédito del BID de US$250 millones tiene un plazo de amortización de siete años, un período de gracia de tres años y una tasa de interés basada en LIBOR.

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