En los últimos 12 meses, productos como café, chocolates y frutos rojos han encabezado las alzas, junto con margarina, pescado y huevos.
Por Revista Summa
El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica presentó un análisis sobre la evolución de los precios de los alimentos y su impacto en la economía de los hogares, especialmente aquellos en condición de pobreza o vulnerabilidad económica.
Entre diciembre de 2020 y setiembre de 2025, la inflación acumulada en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 14,6%, cifra que supera en casi el doble a la inflación general nacional (8,2%). Esta diferencia confirma una tendencia estructural en la que el componente alimentario del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ejerce una presión persistente sobre la inflación total del país.
La Canasta Básica Alimentaria representa el 51,6% de la línea de pobreza rural y el 47,7% de la urbana, lo que implica que variaciones en los precios de los alimentos tienen efectos inmediatos sobre el presupuesto disponible de las familias. Aumentos sostenidos en este rubro pueden derivar en sustituciones de alimentos nutritivos por otros de menor calidad o en reducciones de gasto en bienes y servicios esenciales.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC
En los últimos 12 meses, productos como café (+17,8%), chocolates (+11,7%) y frutos rojos (+10,6%) han encabezado las alzas, junto con margarina, pescado y huevos. Paralelamente, vegetales de hoja o tallo, frutas cítricas y otros vegetales registraron caídas de entre –10% y –31%, evidenciando un comportamiento altamente heterogéneo al interior del grupo alimentario.
El análisis a mediano plazo (2020–2025) muestra que varios productos estratégicos han registrado incrementos acumulados significativos: café (+91,7%), avena (+61%) y harina de trigo (+53,3%)
Estos aumentos superan ampliamente el crecimiento promedio de precios, lo que agrava las condiciones de acceso económico a alimentos básicos. De acuerdo con José Francisco Pacheco, economista del Colegio, este comportamiento evidencia que la volatilidad en los precios de alimentos es un factor estructural con implicaciones directas sobre acceso y seguridad alimentaria. Cabe recordar que, en Costa Rica, cerca de 310 mil personas (5.8% de la población nacional) no alcanzan a comprar la Canasta Básica Alimentaria, es decir, viven en pobreza extrema. Para algunos subgrupos, la situación es aún peor. Por ejemplo, 106 mil menores de 15 años (una de cada nueve personas) viven en hogares en pobreza extrema, aspecto que pone en riesgo su nivel nutricional.
La combinación de incrementos sostenidos en bienes de alto consumo y la alta participación de alimentos en el gasto familiar demanda políticas públicas integrales que favorezcan la estabilidad de precios, el fortalecimiento de la producción local y mecanismos de protección para los hogares más afectados.
El Colegio considera prioritario que las políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria incluyan instrumentos de estabilización de precios, apoyo a la producción nacional y mejoras en la eficiencia logística que reduzcan costos a lo largo de la cadena de valor. Además, recomienda fortalecer los sistemas de monitoreo de precios y abastecimiento, de modo que se puedan anticipar presiones inflacionarias y activar mecanismos de respuesta temprana. Una estrategia coordinada entre el sector público y privado puede contribuir a garantizar la accesibilidad y asequibilidad de los alimentos, protegiendo así la salud y bienestar de la población.