Los diputados opositores sostienen que esta reforma tributaria se da en un mal momento, pues la economía está en crisis.

Por Nuevo Diario

Los diputados aprobaron en lo general este miércoles una reforma a Ley de Concertación Tributaria, que es rechazada por el sector privado porque establece impuestos a una serie de productos básicos, afectando a los consumidores, y deja en riesgo la existencia de los grandes contribuyentes, con un aumento del Pago Mínimo Definitivo del Impuesto sobre la Renta.

La reforma se aprobó en lo general con 69 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras.

La ley se aprobó ocho días después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, suspendiera repentinamente una sesión plenaria en la cual se había empezado a debatir el dictamen.

Azucena Castillo, diputada y miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, dijo que esta reforma es extemporánea, dada la recesión económica del país.

“No es que estamos opuestos a una mejor distribución de la riqueza (pero) ¿cuándo se debió haber hecho? Cuando el país estaba cosechando y creciendo al 5%, no ahora que estamos en una recesión y con peligro de una depresión”, afirmó Castillo.

En relación con el incremento del 1% al 3% del Pago Mínimo Definitivo del Impuesto sobre la Renta (IR) para las empresas grandes, la diputada expuso que con esta medida se reduce más el número de grandes contribuyentes.

“En estos momentos debemos buscar cómo ese 8% de contribuyentes debería de convertirse en el 10% o en el 30%. Si el pastel de la economía está basado en el 8%, por qué vamos a reducirlo con esa intención de ponerle del 1 al 3%. Estamos tratando la causa con la peor medicina”, advirtió.

La diputada igualmente se refirió al diálogo que se restaura hoy entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el Incae.

“En el Incae se está resolviendo algo que sí nos va a traer la paz. Tenemos presos ya liberados, también queremos justicia para todos aquellos que se apresuraron y los condenaron como en el caso de (Medardo) Mairena y (pedro) Mena”, expresó.

SOBRE IMPUESTO PARA EL FOMAV

Wálmaro Gutiérrez, presidente de la   Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, afirmó  que no se  incrementó  en la reforma los impuestos especiales para el Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV) que gravan los combustibles.

“Tengo el dictamen, la alícuota del FOMAV al combustible, como consecuencia de la reforma no se mueve un solo centavo. Nosotros incorporamos esta tabla de la alícuota para suprimir del cuadro los renglones arancelarios  para mejor manejo, pero no estamos moviendo el impuesto especial del FOMAV”.

CASTILLO PIDIO RETIRAR PROYECTO

La diputada Castillo  propuso retirar el proyecto de Ley y  en su lugar reformar el presupuesto de este año por considerarlo inviable. “Hoy lo que tenemos que hacer  es (ajustar) el gasto público de la parte del gasto corriente”, aconsejó la parlamentaria.

Ante la petición de Castillo de retirar el proyecto, el diputado Gutiérrez replicó: “no vamos a faltar el respeto a la gente que participó en la consulta,  que tienen sembradas sus esperanzas en los recursos del combate a la pobreza”.

Gutiérrez, por otro lado, presentó una moción que modifica nueve puntos del artículo de la iniciativa de la reforma relativo a la retención de IR a fondos de inversión, reestructuración de las tasas de ISC de bebidas azucaradas,  retenciones definitivas a las dietas percibidas en reuniones de consejo de administración.

La moción fue aprobada con 69 votos a favor, 13 en contra, 0 abstenciones.

Una vez aprobada la moción, se aprobó el artículo 1 con 70 votos a favor, 15 en contra y  5 abstenciones.

La reforma pretendía inicialmente generar unos C$10,168.6 millones  en ingresos públicos para este año,  y C$16,004.5 millones para 2022.

A inicios de febrero, el Ministro de Hacienda, Iván Acosta y el diputado Wálmaro Gutiérrez indicaron que los cambios a la propuesta de reforma incluyen exonerar de Impuesto del Valor Agregado (IVA) a  productos como el pollo entero, la carne con hueso y la ropa usada.

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