La tramitología excesiva, la duplicidad en las competencias institucionales y un marco normativo anacrónico encarecen los proyectos.
Por Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción.
Costa Rica enfrenta señales claras, aunque muchas veces ignoradas. No se manifiestan en un solo sector ni en un evento aislado, sino en una suma de situaciones que se repiten: carreteras colapsadas; proyectos inconclusos, lentos y caros; trámites interminables; ciudades cada vez más caóticas y una creciente incertidumbre sobre un recurso tan esencial como el agua. Todo apunta a un mismo origen: la ausencia de política de Estado en materia de planificación.
La infraestructura pública es el reflejo más visible de esta falencia: la inversión en obra pública ha caído a niveles históricamente bajos. Costa Rica pasó de invertir cerca del 4% del Producto Interno Bruto en infraestructura en 2009 a destinar menos del 1,3% en los últimos años, una cifra que está muy por debajo de lo que el país necesita para sostener su desarrollo. Este desplome se traduce en infraestructura vial deteriorada, hospitales y escuelas rezagadas, transporte público ineficiente con la consecuente pérdida sostenida de competitividad y la desmejora en la calidad de vida.
El problema no es solo cuánto se invierte, sino cómo se deciden los proyectos prioritarios y la manera en que se ejecutan. Durante años hemos normalizado iniciar proyectos sin la preingeniería completa, es decir, sin concluir expropiaciones o contar con diseños definitivos, y sin una visión que trascienda los ciclos políticos. Esa gestión ineficiente de la obra pública termina pasando una factura alta: atrasos, sobrecostos, conflictos contractuales y frustración ciudadana.
Esta misma falta de planificación se replica en el clima de negocios. La tramitología excesiva, la duplicidad en las competencias institucionales y un marco normativo anacrónico encarecen los proyectos, generan incertidumbre y desincentivan la inversión. En lugar de convertirse en un aliado para el desarrollo, el Estado se percibe muchas veces como un obstáculo que frena oportunidades para generar empleo y crecimiento económico.
La gestión del recurso hídrico es quizás una de las señales más preocupantes. Costa Rica enfrenta presiones crecientes sobre la disponibilidad de agua, pero continúa operando sin una planificación de largo plazo y bajo una legislación que no responde a los retos actuales. Sin una visión clara sobre el agua, no hay desarrollo urbano ni actividad productiva ni sostenibilidad ambiental posible. Ignorar esta realidad es comprometer el futuro del país.
A esto se suma la forma en que están creciendo nuestras ciudades. La falta de planificación urbana y de políticas sostenidas de vivienda ha impulsado una expansión desordenada, congestionada y costosa. Más presión sobre los servicios públicos, mayor dificultad para acceder a una vivienda digna y una calidad de vida que se deteriora silenciosamente para miles de personas.
Estos problemas no son independientes, son piezas de un mismo rompecabezas: la falta de planificación es hoy un problema país que afecta la competitividad, la cohesión social y la confianza en las instituciones.
Planificar no es un ejercicio burocrático ni un lujo técnico, es una responsabilidad con las generaciones que vienen. Solo así se puede gestionar de manera eficiente los recursos públicos. Es la diferencia entre construir desarrollo o seguir administrando crisis.
Costa Rica aún está a tiempo de corregir el rumbo, pero hacerlo exige asumir una verdad incómoda: el desarrollo no se improvisa. Se planifica, se sostiene y se respeta en el tiempo. De no hacerlo, el costo no será solo económico, sino que será social, ambiental y profundamente humano.