Masificación turística, erosión del suelo, alteración de la fauna y riesgos climáticos amenazan integridad ecológica del país, según análisis de la Cátedra de Políticas de Conservación.
Por Revista Summa
El déficit presupuestario y la reducción de personal en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) están afectando de forma significativa la capacidad operativa y técnica para proteger áreas silvestres protegidas, tales como parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre y monumentos naturales
Así lo explicó el encargado de la Cátedra de Políticas de Conservación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Allan Josué Fernández Hernández, quien señaló que la falta de recursos se traduce en una disminución de la presencia de funcionarios del SINAC en el campo.
“Esto está produciendo un fuerte debilitamiento en las acciones de control, vigilancia y respuesta ante amenazas como la cacería, la tala ilegal, la contaminación o las ocupaciones no autorizadas, entre otras situaciones que atentan contra nuestras áreas protegidas”, dijo.
Fernández destacó que el déficit presupuestario también limita las labores de investigación, monitoreo y mantenimiento de infraestructura, afectando la conservación de los ecosistemas y la seguridad tanto del personal como de los visitantes, “cuando las estaciones de guardaparques, senderos o servicios básicos no reciben mantenimiento adecuado, la efectividad de manejo de las áreas protegidas se ve comprometida”, puntualizó.
En cuanto al turismo, el académico de la UNED advirtió que la masificación en parques nacionales genera presiones directas sobre la integridad ecológica y los servicios ecosistémicos.
“El incremento desmedido de visitantes altera las dinámicas naturales de las especies, provoca erosión de suelos, pérdida de cobertura vegetal y aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades entre humanos y fauna silvestre”, explicó Fernández.
Añadió que especies como el mono carablanca (Cebus imitator) y el mapache (Procyon lotor) han modificado su comportamiento en áreas protegidas y zonas aledañas a estás debido al contacto frecuente con personas y al ofrecimiento de alimentos.
Para enfrentar esta situación, enfatizó en la importancia de respetar los estudios de capacidad de carga y aplicar los planes de manejo basados en criterios científicos, con una zonificación clara donde se especifiquen los sitios donde es permitido realizar actividades relacionadas al turismo
Cambio climático. Según el encargado de la Cátedra de Políticas de Conservación de la UNED, los parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas presentan vulnerabilidades climáticas particulares que amenazan la estabilidad de sus ecosistemas.
“En las zonas costeras, el aumento del nivel del mar, la erosión y los cambios en la temperatura del agua pueden reducir la disponibilidad de hábitats. En las áreas protegidas cuyo objetivo es la conservación de los ecosistemas terrestres, los deslizamientos, la pérdida de cobertura vegetal y las variaciones en la precipitación podrían alterar la dinámica de las especies y reducir la resiliencia ecológica”, explicó.
El académico recordó que los impactos del cambio climático no se limitan al área geográfica que abarca un área silvestre protegida ya que los procesos ecológicos dependen también de la conectividad con las zonas aledañas.
Financiamiento y gobernanza. Para garantizar la sostenibilidad del SINAC, Fernández consideró esencial reforzar el financiamiento público y complementarlo con mecanismos como los pagos por servicios ambientales, fideicomisos ambientales y alianzas público-privadas.
“El financiamiento estatal debe ser la base sobre la cual se construyan estrategias complementarias, las alianzas y la cooperación internacional pueden fortalecer la gobernanza y la transparencia, involucrando a comunidades, empresas y organizaciones comprometidas con la sostenibilidad”, sostuvo.
Finalmente, subrayó la necesidad de una coordinación interinstitucional sólida y de fortalecer la relación con las comunidades locales, “la gestión de las áreas silvestres protegidas trasciende las capacidades de una sola institución”, dijo.
“Involucrar a las comunidades en procesos de educación ambiental y conservación genera sentido de pertenencia y las convierte en aliadas clave para prevenir amenazas como la deforestación, la cacería o la minería ilegal”, concluyó Fernández.