En los últimos meses Estados Unidos, que sí es signatario del Convenio de Budapest, ha incrementado su cooperación con Costa Rica en materia de ciberseguridad.
Por EFE
El Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica suspendió este miércoles de forma temporal el reglamento que excluye a empresas chinas y de otros países participar en licitaciones de contratos relacionados a tecnologías 5G.
La resolución es una medida cautelar otorgada ante una recurso presentado por el sindicato Frente Interno de Trabajadores del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresa de telecomunicaciones y energía.
El Tribunal estableció la medida cautelar y temporal y dio tres días al Gobierno para que presente sus argumentos y posteriormente resolverá el fondo del asunto.
El Ministerio de Ciencia, Innovación Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) indicó en un comunicado que se trata de una medida cautelar de carácter temporal y aseguró que «el Estado ejercerá oportunamente sus derechos procesales, a fin de que el juzgador pueda contar con todos los elementos para revocar la medida dispuesta».
«El Micitt confía en que, en el transcurso del proceso judicial, se considerarán debidamente todos los aspectos pertinentes para garantizar un resultado justo y equitativo, en línea con los intereses nacionales que conlleva el desarrollo de redes 5G en materia de seguridad nacional, el régimen de protección de derechos de los usuarios finales en cuanto a su intimidad, privacidad y secreto de las comunicaciones, y la confidencialidad e integridad de sus datos personales», indica el comunicado.
El Ministerio reafirmó su «compromiso con el desarrollo tecnológico del país y la promoción de un ambiente propicio para la innovación y la inversión en el sector de las telecomunicaciones y su interés por establecer medidas de ciberseguridad para el uso y la explotación segura y con resguardo de la privacidad de las personas, de las redes y los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G)».
La polémica comenzó en agosto de 2023, cuando el Gobierno de Costa Rica emitió un decreto en el que excluye de participar en contratos para el desarrollo de tecnologías 5G a empresas cuyos países de origen no hayan firmado el Convenio de Budapest sobre ciberseguridad, entre los cuales se encuentra China.
Ello causó protestas del gigante tecnológico chino Huawei y de la embajada china en San José.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, indicó en su momento que el convenio es el «estándar más transparente», además de que se trata de una «decisión soberana del país proteger a sus ciudadanos y el funcionamiento de la economía» en materia de ciberseguridad.
En 2023 la empresa Huawei Technologies Costa Rica S.A. interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tras ser excluidos por el Gobierno de la licitación para 5G, pero ese tribunal indicó que no está dentro de sus competencias resolver ese asunto.