El reglamento tiene fundamento legal en las disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones que le da al MICITT.
Por Revista Summa
Proteger la información de los ciudadanos, comercios, instituciones públicas y del país en general de constantes ciberataques es el propósito que busca el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) con el Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores”.
Así lo dio a conocer Paula Bogantes, ministra del ramo, esta mañana durante una conferencia de prensa.
Bogantes mencionó que, a partir de la declaratoria de emergencia (Decreto Ejecutivo N°43542-MP-MICITT), el MICITT ha enfocado sus esfuerzos en la prevención de ciberataques, lo que conlleva la elaboración y aprobación de normas jurídicas y otros instrumentos conformes con las mejores prácticas internacionales, entre ellas el Decreto Ejecutivo Nº 44196, Reglamento aprobado en agosto anterior.
Bogantes mencionó que “el objetivo es proteger a Costa Rica. Lo que queremos es proteger la privacidad de las personas, sus datos, sus ahorros, sus familias, a la niñez del país, pero también a las empresas, instituciones públicas y el comercio que llegue a utilizar la tecnología de quinta generación móvil (5G).”
El reglamento tiene fundamento legal en las disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones que le da al MICITT, las potestades reglamentarias para proteger la privacidad, intimidad y los datos de los ciudadanos y el país y está basado en la “Recomendación sobre la ciberseguridad de las redes 5G” emitida por la Unión Europea en el 2019.
Bogantes añadió que “no tenemos la intención de dejar a ningún competidor por fuera, más bien buscamos desde las normas internacionales vigentes ofrecer a la ciudadanía la garantía de los principios de protección y seguridad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet.”
Bogantes explicó que este reglamento aplica para los operadores de redes y proveedores servicios de telecomunicaciones basados en tecnología de quinta generación y superiores, de manera que, el equipamiento tecnológico necesario para el despliegue y operación de estas redes, cumplan con las condiciones para garantizar su operación segura.
El decreto es respetuoso del principio de neutralidad tecnológica, ya que no exige a los operadores el uso de una tecnología específica, no obstante establece criterios objetivos que permitirán contar con una operación segura de redes 5G o superiores y, además, establece un plazo para emitir lineamientos de buenas prácticas en materia de Ciberseguridad para las redes 4G y generaciones anteriores.