El Gobierno y la minera comenzaron a negociar un nuevo contrato de concesión en septiembre de 2021 y en enero de 2022 anunciaron un acuerdo, que sin embargo no llegó a materializarse con una firma.
Por EFE
Los empresarios de Panamá pidieron este domingo al Gobierno y a la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) «reconducir» las negociaciones para un nuevo contrato que explota una gran mina de cobre, tras las recientes «medidas de presión» ejercidas por «ambas partes».
«Hacemos un llamado urgente a retomar la buena fe y reconducir las negociaciones y concluir estas de manera satisfactoria, teniendo presente que los mejores intereses del país deben estar por encima de todo», señaló la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el principal gremio empresarial de ese país, en su comunicado dominical.
Los empresarios insistieron en que las negociaciones, frustradas hace meses, se hagan «con madurez y buena fe para llegar a un acuerdo donde el Estado obtenga los ingresos que le corresponden por la explotación de su recurso mineral y la Empresa reciba los réditos consecuentes con los riesgos asumidos».
Las tensiones entre el Gobierno y Minera Panamá SA (MPSA), subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), han incrementado gradualmente en los últimos meses, pues el pasado jueves el Ejecutivo de Laurentino Cortizo acusó a la minera de mantener «tácticas dilatorias» en el proceso de firmar un contrato.
Mientras que Minera Panamá dejó de procesar cobre ese pasado jueves como «resultado de la negativa de la Autoridad Marítima de Panamá de permitir las operaciones de carga de concentrado de cobre en el puerto de la mina».
El Gobierno y la minera comenzaron a negociar un nuevo contrato de concesión en septiembre de 2021 y en enero de 2022 anunciaron un acuerdo, que sin embargo no llegó a materializarse con una firma, lo cual llevó al Ejecutivo a ordenar el cierre de las operaciones de la mina en diciembre pasado, una medida que ha sido objetada por la empresa ante las autoridades.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional en 2017 la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, la más grande a cielo abierto de Centroamérica.
El acuerdo anunciado hace más de un año incluía elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, «10 veces más» de lo que ha aportado la empresa anteriormente, y el pago de impuestos hasta ahora exentos.
Ante ello, los empresarios apuntaron que «las negociaciones parecieran haber llegado a un alto, llevando a las partes a ejercer medidas de presión que trascienden de manera negativa» en el proceso de negociación y «las vidas de cientos de miles de panameños».
La CCIAP instó a que ambas partes «deben empinarse y mirar el bien común, sabiendo que en toda negociación es preciso ceder de alguna u otra manera, en aras del entendimiento».
Y agregó que «las acciones hasta ahora demostradas parecieran alejar cualquier posibilidad de acuerdo, impactando con ello la visión de nación, recuperación económica y el desarrollo sostenible», pues «afectará el empleo y aumentará la desconfianza de los inversionistas locales e internacionales».
«En este contexto nadie gana, todos perdemos», concluyó.
La mina, conocida como Cobre Panamá, tiene una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores, tras comenzar a exportar mineral de cobre en junio de 2019. Representa el 45 % de la producción total de FQM, que explota otros yacimientos en varios países, de acuerdo con información pública.