La UE instó a las autoridades nicaragüenses a cesar «toda la represión y restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos».
Por EFE
La Unión Europea (UE) condenó este jueves el «cierre arbitrario» de radioemisoras católicas y de otros medios de comunicación comunitarios en Nicaragua, así como el uso de «una fuerza policial excesiva» para ocupar las instalaciones.
«La Unión Europea condena el cierre arbitrario de siete emisoras de radio católicas por parte de las autoridades nicaragüenses el pasado primero de agosto, y de otras dos emisoras de radio y televisión comunitarias poco después», señaló la UE en una declaración divulgada por su oficina en Managua.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ordenó el lunes pasado el cierre de ocho emisoras católicas, en medio de roces del Ejecutivo con la Iglesia católica.
«Esto constituye otra violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias», continuó la UE, tras advertir que «se utilizó una fuerza policial excesiva para ocupar las instalaciones y para intimidar y dispersar a los manifestantes desarmados con gases lacrimógenos y disparos».
Las emisoras cerradas son Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Alliens, Radio Monte Carmelo, Radio San José, Radio Católica de Sébaco y Radio Santa Lucía, administradas por la Diócesis de Matagalpa (norte), que dirige el obispo Rolando Álvarez, un fuerte crítico del presidente Ortega.
También fueron canceladas las licencias de radioemisora privada Radio Vos, de corte comunitaria y feminista, en el departamento (provincia) de Matagalpa, y fue sacado del aire el canal de televisión RB 3 «El Canal de la Zona Láctea», en la misma localidad, según Telcor, porque no contaba con su autorización para operar.
«VIOLENCIA SIN PRECEDENTES»
La UE recordó que «desde 2018, el Gobierno nicaragüense ha desatado niveles de violencia sin precedentes contra su propio pueblo, recurriendo a asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamientos, acoso e intimidación contra opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y otros líderes».
«En la actualidad, Nicaragua cuenta con más de 180 presos políticos, encarcelados sin respeto a la Constitución nicaragüense, el derecho penal y el debido proceso», agregó.
Asimismo, el organismo destacó el cierre de «más de 1.200 organizaciones de la sociedad civil, sin una justificación adecuada» en lo que va de 2022.
«Como resultado, miles de nicaragüenses de los sectores más vulnerables se han quedado sin asistencia», alertó.
La UE instó a las autoridades nicaragüenses a cesar «toda la represión y restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos», e hizo un «llamado urgente al Gobierno nicaragüense para que libere inmediatamente e incondicionalmente a todos los presos políticos y anule todos los procesos judiciales contra ellos, incluidas sus condenas».
La UE ha aplicado sanciones a familiares de Ortega, incluyendo a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y varios de sus hijos, así como a funcionarios de su Gobierno señalados de violaciones a los derechos humanos.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó al menos 355 muertos, de los cuales Ortega, que los calificó como un intento de golpe de Estado, ha reconocido 200.
Dicha crisis se agudizó en las elecciones generales de noviembre pasado cuando Ortega y Murillo fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.