En la mesa se están planteando cuestiones como la rebaja «en un 30 %» del costo de la canasta básica, que alcanza alrededor del US$1.600 según los sindicatos.
Por EFE
El sector privado de Panamá exigió este viernes ser incluido en la mesa de diálogo en la que el Gobierno y los gremios y sindicatos buscan solventar la crisis que vive el país, sumido desde hace tres semanas en protestas, bloqueos de vías y huelgas contra el alto costo de la vida y la corrupción.
Representantes de asociaciones empresariales y de productores se mostraron en desacuerdo con el anuncio hecho por la Arquidiócesis de Panamá, la mediadora del diálogo, de que estos sectores se sumarán en una segunda fase al proceso que comenzó la víspera con la instalación de la llamada «mesa única» de negociación.
En la mesa se están planteando cuestiones como la rebaja «en un 30 %» del costo de la canasta básica, que alcanza alrededor del 1.600 dólares según los sindicatos, o la congelación de precios de 17 productos y alimentos, que es la contrapropuesta del Gobierno.
«El costo de vida no puede ser regulado por decreto, mucho menos en un país que no produce todos los bienes que necesita», dijeron una veintena de gremios de la agroindustria y de productores en un comunicado, en el que exigieron con «urgencia» que una representación de ellos sea incluida en la mesa de diálogo.
La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Elisa Suárez, afirmó que el empresariado «exige estar en esa mesa y no en segundas fases, cuando ya se tomaron decisiones» que implicarán «sacrificios para el sector empleador, para los productores».
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, señaló que «todo diálogo debe implicar que no existan exclusiones, que haya paz y tranquilidad para que el diálogo sea racional, y obviamente que exista respeto».
«Esas características no las hemos visto», puesto que además de que no está el sector empleador en la mesa, «continúa el cierre de calles y de los colegios» que afectan el libre tránsito, el abastecimiento de alimentos y otros insumos, y la educación de centenares de miles de niños, añadió Castillo.
En una conferencia de prensa, los presidentes de Apede y el Conep se quejaron además de que en estas primeras horas de las negociaciones se ha colado un elemento «ideológico y político», con los sindicatos de izquierda hablando del modelo económico.
«Tenemos que resolver esta situación con un sentido de urgencia y no con un sentido ideológico. Cualquier criterio que se tenga sobre el tema de los modelos económicos y filosofía política no debería ser materia de un diálogo donde está acotada la agenda específica a debatir», reclamó Castillo.
La agenda de temas de la mesa incluye la rebaja y congelamiento del precio de la canasta básica de alimentos, del combustible, los medicamentos y de la electricidad; el aumento del presupuesto educativo, y la corrupción y transparencia.
El Consejo Empresarial Logístico (Coel) dijo que «en un estado de derecho, de ninguna manera se justifica que el gobierno y gremios en protesta discutan y adopten medidas que directamente afectan al sector privado, y la competitividad del país, sin la participación de este, por lo cual de manera pública exigimos participación del en los acuerdos que actualmente se negocian».