El Gobierno de El Salvador fue el primero en comprar con fondos estatales bitcóin por más de 100 millones de dólares y mantenerlos en reservas.
Por EFE
La falta de controles en El Salvador para el uso de criptodivisas en la política abre la posibilidad de que el crimen organizado o intereses externos financien la campaña presidencial para las elecciones de 2024, en las que también se elegirán a alcaldes y diputados, y tengan un «impacto» en la democracia de este país.
El Salvador se convirtió en 2021 en el primer país del mundo en darle curso legal al bitcóin como moneda, con lo que la nación centroamericana se abrió a que este criptoactivo se use sin mayores controles.
El contexto de la poca vigilancia a la financiación de las campañas en El Salvador y las características propias de las criptomonedas generarían un mayor «estrés» a la capacidad de vigilancia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según advirtieron expertos.
LANZAN ALERTA POR CRIPTOACTIVOS
Para el director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, intereses ajenos a los de los salvadoreños podrían tratar de influir en las elecciones al financiar campañas mediante criptoactivos.
«El financiamiento de campañas electorales con criptoactivos en El Salvador le puede generar más estrés a la transparencia», dijo Escobar a Efe.
Acción Ciudadana, una organización no gubernamental, estudia desde 2016 las finanzas de los partidos políticos y realiza un índice de transparencia.
Señaló que «la falta de controles adecuados sobre el dinero que financia la política y la falta de rendición de cuentas de parte de los partidos son condiciones que generan un riesgo de financiamiento ilegal de campañas».
«Puede ser lavado de activos, pueden ser gobiernos extranjeros que financien las campaña, el crimen organizado. En esa medida, esto puede tener un impacto en la democracia salvadoreña», advirtió Escobar.
Indicó que el crimen organizado «tiene otro tipo de intereses en cuanto a cómo se gobierna» y los gobiernos extranjeros «tienen intereses geopolíticos y económicos».
«Una Asamblea Legislativa o presidente de la República pueden tratar de potenciar, proteger o impulsar los intereses de estos países», agregó el letrado.
Dijo, a modo de ejemplo, que un caso podría ser de que un país tenga intereses por recursos salvadoreños y por ello quiera financiar la campaña con criptoactivos para tener «influencia sobre las decisiones políticas».
«Por eso es que nosotros alertamos de que hay que tomar medidas, hay que regular o hay que prohibir, en el mejor de los casos, la utilización de criptoactivos financiando campañas electorales por todos estos riesgos que implica», subrayó.
EL PRECEDENTE DEL BITCÓIN
El Gobierno de El Salvador fue el primero en comprar con fondos estatales bitcóin por más de 100 millones de dólares y mantenerlos en reservas.
La única información oficial que se conoce sobre estas compras y la adopción del criptoactivo proviene de los tuits del presidente Nayib Bukele, dado que las instituciones vinculadas han puesto bajo secreto los datos.
«Si no tenemos datos de las compras y de los registros que ha tenido el Gobierno en materia de bitcóin, mucho menos lo vamos a tener de un partido político o de un candidato. El riesgo es real de que un candidato o un partido utiliza una billetera que no se pueda rastrear y que al final esté siendo financiado por el crimen organizado», agregó.
LA REGULACIÓN NECESARIA
Denisse Siliézar, coordinadora del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana, señaló a Efe que es importante que el Tribunal Supremo Electoral «emita las directrices» para que partidos y candidatos conozcan «el tratamiento específico que deben dar a las donaciones en criptoactivos».
Indicó que, en caso de recibir financiación con criptomonedas, los partidos y candidatos utilicen billeteras digitales custodiadas, casas de cambios «centralizadas» y que las transacciones se registren en una «blockchain».
«En la medida en que podamos identificar el origen de los fondos podemos conocer las intenciones de estos actores que quieren financiar la política», acotó Siliézar.
Lamentó que el país no cuenta con «un sistema de fiscalización eficiente y robusto, y esto se debe a que el Tribunal Supremo Electoral no cuenta con una unidad especializada» para «controlar y auditar» los recursos de los partidos políticos.
Indicó que ante esta falta de controles y legislación específica «sería importante que prohibir este tipo de criptoactivos como forma de financiación de la política».
Agregó que el tiempo para implementar medidas «es bastante corto», dado que el país realizará elecciones en 2024.
Los partidos peor evaluados en materia de transparencia en el índice de 2021 de Acción Ciudadana son el opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los oficialistas Nuevas Ideas (NI) y Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).