Entre el 27 de marzo y ayer miércoles aproximadamente 32.000 supuestos pandilleros y personas vinculadas con esas bandas han sido capturadas en el marco del estado de excepción.
Por EFE
El Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sigue sin aclarar la denuncia de un supuesto pacto con una de las principales pandillas del país, cuya ruptura pudo desencadenar una ola de violencia que ha desembocado en una «guerra» contra dichos grupos criminales y que llevó a decretar el régimen de excepción.
El Ejecutivo de Bukele solicitó a finales de marzo al Congreso aprobar un régimen de excepción por 30 días tras una ola de asesinatos entre el 25 y 27 de marzo. La medida fue extendida el pasado 25 de abril y se prevé que el régimen continúe por 30 días más a solicitud del mandatario salvadoreño.
En medio de esta situación, una investigación periodística reveló que una supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) habría desencadenado la referida ola de asesinatos.
BUKELE GUARDA SILENCIO
El medio salvadoreño El Faro afirmó, en una investigación divulgada la noche del martes, haber contactado a supuestos portavoces de la pandilla MS13, quienes les señalaron la relación entre los asesinatos y el «pacto que mantenían desde hace al menos dos años y medio» con el Ejecutivo de Bukele.
De acuerdo con El Faro, la escalada de asesinatos se dio tras la captura de miembros de la pandilla que eran trasladados en un vehículo gubernamental.
Además publicó una serie de grabaciones que supuestamente fueron hechas a Carlos Marroquín, funcionario del Gobierno de Bukele y quien fue sancionado por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y de negociar con las pandillas.
La investigadora en temas de seguridad Jeannette Aguilar comentó en una conversación telefónica con Efe que «es poco probable» que el Gobierno «salga a dar la cara».
«Yo no creo que (el Gobierno) salga dar la cara, como le correspondería a cualquier gobierno de cualquier país del mundo en donde los ciudadanos necesitamos una explicación, sobre todo porque han habido muertes», dijo.
Apuntó que el Ejecutivo «está obligado a dar una explicación a la ciudadanía y a enmendar el rumbo del enfoque de seguridad».
No obstante, señaló la experta, «a la luz de las características de este Gobierno yo no creo que lo haga, más bien hay incertidumbre en relación a cómo pueda responder, sobre todo porque se ha caracterizado de privilegiar, por encima de los derechos de la población y el bienestar colectivo, su imagen pública».
«En contexto, considero que, lo que se está preparando es una nueva estrategia mediática para desviar la atención e intentar neutralizar todos los cuestionamientos y señalamientos tras la publicación de la investigación de El Faro», señaló.
Efe intentó conocer la postura del Gobierno ante dicha situación mediante un contacto de prensa de la Secretaría de la Comunicación, pero no se obtuvo respuesta.
«CONTRA RESPUESTA MÁS VIOLENTA»
Para la investigadora, lo revelado por El Faro «confirma que no se trata de una iniciativa aislada de una persona, en este caso Carlos Marroquín, si no que se trata de una política de Gobierno que se mantuvo durante dos años y medio».
Además señaló que «esto genera dudas de las diversas implicaciones de todo lo que se pudo negociar en este contexto, que es algo que no se sabe con exactitud, y qué nivel de penetración de las pandillas se ha logrado a nivel del ámbito estatal».
La reconocida investigadora, quien fue directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), apuntó que una de las consecuencias inmediatas podría ser «una contra respuesta más violenta de las pandillas una vez logren reorganizarse y acomodar su operatividad y redes que en este momento están replegadas».
«Sin duda hay muchos pandilleros en los territorios, en las calles que posiblemente van a activarse una vez haya una línea desde la dirigencia nacional, lo que afectará a todo el país en su conjunto (…) pero principalmente a la (población) más pobre y vulnerable», aseguró.
Añadió que «el contexto es muy oscuro en términos de lo que pueda ocurrir, sobre todo porque estamos frente a un Gobierno que no tiene, a veces, escrúpulos para recurrir a medidas extremas que violan derechos humanos y para recurrir a cualquier cortina de humo para salvaguardar su imagen».
POSIBLE AMPLIACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN
Aunque el encarcelamientos de pandilleros, a criterio de Aguilar, «no ha sido una formula efectiva para desarticular» a las pandillas, el Congreso salvadoreño podría en los próximos días aprobar una ampliación más del régimen de excepción.
Las detenciones masivas de supuestos pandilleros y personas vinculadas a estas bandas ha sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante el estado de excepción, pero aún se desconoce si el Gobierno trabaja en un plan que incluya medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.
La investigadora señaló que «en realidad lo que está pasando con esta medida de encarcelamiento masivo es que las pandillas pasan de controlar las calles a controlar los centros penitenciarios y ahí, en condiciones de abandono y de hacinamiento, se reorganizan y toman el control, lo que deriva en mayor violencia en la sociedad».
Entre el 27 de marzo y ayer miércoles aproximadamente 32.000 supuestos pandilleros y personas vinculadas con esas bandas han sido capturadas en el marco del estado de excepción.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil en el país (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, tienen más de 70.000 miembros y han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.