La oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha criticado la ilegalización de dichas ONG.
Por EFE
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por los sandinistas, canceló este martes la personalidad jurídica a la Asociación Española Nicaragüense, conocida como Casa España, y a otros cuatro clubes similares, aunque las autorizó a seguir operando como régimen jurídico mercantil.
Con 77 de votos favor, 11 abstenciones y tres ausentes, de los 91 legisladores que integran el Parlamento, los diputados sandinistas y sus aliados aprobaron con carácter urgente la Ley Especial para el cambio de Régimen de Personas Jurídicas, propuesta por el titular del Congreso, el oficialista Gustavo Porras.
Además de la Asociación Española Nicaragüense, el Parlamento cambió de ONG a sociedad mercantil a la Asociación Club Terraza, el más selecto de Nicaragua, del cual son socios algunas de las personas más ricas del país, lo mismo que a la Asociación Nejapa Country Club, propietaria de uno de los campos de golf más reconocidos, el Country Club de Chinandega, y la Asociación Centro Ecuestre Cocibolca.
La iniciativa de Porras, quien fue sancionado por la Unión Europea por «abusos o violaciones de derechos humanos y la represión a la sociedad civil», fue aprobada dos meses después de que la Asociación Española Nicaragüense anunciara el «cierre temporal» del club, una propiedad ubicada en las afueras de Managua, según dijo, por «indicaciones» del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
«REALIZAN ACTOS DE COMERCIO»
En su propuesta de Ley, Porras argumentó que el club de ciudadanos españoles residentes en Nicaragua «realiza actos de comercio».
Explicó, además, que hace 12 días entró en vigor la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que redefinió el concepto de las ONG, en la que ya no caben los cinco clubes anulados como organismos sin fines de lucro porque en «cuya actividad económica realizan actos de comercio».
«El traslado de régimen jurídico consiste en que las sociedades mercantiles creadas serán sucesoras sin solución de continuidad de las personas jurídicas canceladas, garantizando de esta manera, la continuidad de la actividad económica de cada una de las empresas, si así lo disponen sus socios», de acuerdo con la iniciativa.
La aprobación de esa nueva ley se da en medio de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular que el presidente Ortega califica como un intento de golpe de Estado.
El cambio de régimen a la Asociación Española Nicaragüense, fundada en 1969 por ciudadanos españoles, así como el de las otras cuatro asociaciones, se da también en medio de la ilegalización de 187 ONG locales desde diciembre de 2018.
LAS ONG EN LA MIRA DEL GOBIERNO
Esa misma crisis ha causado roces entre los Gobiernos de Nicaragua y España, que en agosto pasado llamó a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras lo que consideró como «graves e infundadas acusaciones» de la Cancillería nicaragüense, que acusó al país europeo de «intromisión» en asuntos internos, en referencia a temas de derechos humanos.
Según el Gobierno de Nicaragua, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, lo cual ha sido rechazado por los afectados, entre las que se encuentran asociaciones que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas y centros de pensamiento, entre otras.
La oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha criticado la ilegalización de dichas ONG.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.