El mes pasado el Gobierno anunció que negociará con la empresa Minera Panamá, propiedad de la canadiense First Quantum Minerals.
Por EFE
El anuncio de la negociación de un nuevo contrato para legalizar la operación de una de las mayores minas de cobre de América, así como de proyectos energéticos a base de hidrocarburos, ha abierto cuestionamientos sobre la política ambiental de Panamá, uno de los tres países del mundo que es carbono negativo.
Mientras el Gobierno habla de una política de sostenibilidad ambiental, crea una gran reserva marina y dice avanzar hacia la eliminación de plantas a base de carbón, activistas y políticos denuncian que se trata solo de enunciados y que así lo demuestran decisiones como abrir más terrenos a concesiones mineras o firmar acuerdos con empresas energéticas cuestionadas por su prácticas.
El Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo se vale de la grave crisis provocada por la pandemia, que derrumbó la economía en un 17,9 % en el 2020 y en un 8,5 % en el primer trimestre de este año, para justificar estos negocios en detrimento del medioambiente, opinaron activistas en declaraciones a Efe.
«ENERGÍAS SUCIAS Y PROYECTOS CONTAMINANTES»
El mes pasado el Gobierno anunció que negociará con la empresa Minera Panamá, propiedad de la canadiense First Quantum Minerals, para legalizar la operación de una gran mina de cobre cuyo contrato de concesión fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2018, en respuesta a un recurso presentado en el 2009 por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
También julio pasado, durante una gira de Cortizo por Texas (EE.UU.) se firmó un acuerdo con la empresa estadounidense Energy Transfer -responsable de miles de derrames según los activistas- que involucra un estudio de factibilidad con miras a la construcción y operación de terminales y un oleoducto para la recepción, transporte y exportación de gas licuado de petróleo.
Y en junio Cortizo anunció un proyecto termoeléctrico de 1.000 millones de dólares en la provincia de Colón (Atlántico).
«El apoyo que debía dar el Estado a las energías limpias», en concordancia con los acuerdos internacionales para combatir el cambio climático, «no se está dando en Panamá y muy por el contrario, se apoya a cualquier tipo de energía sucia o proyectos contaminantes siempre y cuando deje dinero a las arcas del Estado», le dijo a Efe el biólogo del CIAM, Isaías Ramos.
Para Ramos, esto es signo de que el Gobierno se quedó anclado en la década de 1960, cuando se aprobó el Código Minero vigente en el país, ya «desfasado», y por eso utilizan las mismas estrategias de entonces, «como si no hubiera cambio climático, acuerdo de París, acuerdo de Escazú y otras convenciones para el manejo ambiental».
En eso coincidió la exvicealcaldesa de la Ciudad de Panamá Raisa Banfield, miembro del grupo ambientalista Panamá Vale Más Sin Minería, quien reprochó al Gobierno que no aproveche la coyuntura con la mina de cobre para evaluar a la minería como negocio «no solo por los análisis financiero, sino por el recurso y territorio que hay que sacrificar».
«El mundo está en medio de una crisis climática, los países están revirtiendo procesos, cambiando las formas de producir energía, y Panamá está readoptando prácticas abandonadas porque ha sido exhaustivas y adoptándolas como pilar de la economía. Es algo totalmente desfasado», afirmó Banfield Efe.
EL GOBIERNO ASEGURA QUE DEFIENDE LOS INTERESES AMBIENTALES
El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, le dijo a Efe que el Gobierno «defiende los intereses ambientales» de Panamá, y lo hace en apego a las leyes vigentes en el país donde, destacó, el 65 % del territorio es bosque y el 75 % de los suelos tiene vocación forestal.
Resaltó que su despacho «no puede rechazar en la ventanilla de entrega un estudio de impacto ambiental de un proyecto legal», y que aprobarlo o no depende de que cumpla con la norma vigente.
El ministro reconoció que en el caso de la mina de cobre «ha faltado supervisión diaria», una cuestión que se pretende subsanar con el nuevo contrato que se negociará «defendiendo los intereses ambientales» del país.
Según datos aportados por Concepción, entre 2012 y 2020 se abrieron 15 procesos administrativos a Minera Panamá por faltas ambientales. Ahora mismo investiga la contaminación de un río cercano a la mina.
Minera Panamá ha invertido 6.700 millones de dólares, genera más de 35.000 empleos directos e indirectos y representa un 3,5 % del producto interno bruto (PIB), ha dicho el titular del MICI, Ramón Martínez, que tildó de «suicidio» no negociar un nuevo contrato de concesión con la empresa.