La ola de detenciones de líderes opositores en Nicaragua se produce de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre.
Por EFE
Estados Unidos anunció este lunes restricciones de visado que afectan a 100 miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, así como a fiscales, jueces y otros profesionales del sistema judicial nicaragüense, por su presunto papel en la erosión de la democracia en el país.
Las sanciones implican la revocación de los visados que pudieran tener ya algunos de esos funcionarios y afectan además a «algunos de los familiares» de los funcionarios en cuestión, informó el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.
«Estas revocaciones de visado demuestran que Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas no solo para los líderes del régimen, sino también para los funcionarios que faciliten los asaltos del régimen a la democracia y los derechos humanos», dijo Blinken.
El Departamento de Estado no proporcionó una lista de los funcionarios afectados por las sanciones, y un portavoz dijo a Efe que no podía identificar a quienes habían perdido su visado estadounidense porque los datos sobre esos documentos son confidenciales, según la ley de EEUU.
No obstante, Blinken aseguró que todos los sancionados «ayudaron a facilitar» medidas antidemocráticas del Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Entre esas medidas, citó el reciente arresto de 26 «opositores políticos y actores prodemocráticos, incluidos seis aspirantes presidenciales, activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos».
También indicó que han «aprobado leyes represivas, incluida la legislación electoral, una ley de ‘ciberdelitos’, otra de ‘agentes extranjeros’ y otra de ‘soberanía’, que han servido para restringir la libertad de expresión y para criminalizar la disidencia y la participación política».
El jefe de la diplomacia estadounidense acusó además a los sancionados de haber ayudado en los intentos de «acosar y silenciar a la sociedad civil y los medios independientes», y también en los de «socavar las instituciones y procesos democráticos en Nicaragua».
La ola de detenciones de líderes opositores en Nicaragua se produce de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre en las que Ortega, un exguerrillero sandinista que retornó al poder en 2007, busca la reelección por cinco años más.
El mandatario, próximo a cumplir 76 años y que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los ha tildado de «criminales».