Un estudio realizado por el Observatorio Ciudadano de Corrupción evidencia avances insuficientes en tema de datos abiertos y acceso a la información en las distintas instituciones gubernamentales.
Por Revista Summa
Por primera vez, distintas organizaciones de la Sociedad Civil de Costa Rica monitorean una declaración emanada de la Cumbre de las Américas, a través de la creación del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), cuyo principal objetivo es trabajar en el seguimiento y cumplimiento de los mandatos establecidos en la VIII Cumbre de Lima del 2018, y que busca establecer una lucha activa en contra de la corrupción.
El trabajo de monitoreo de la coalición evidencia que existen importantes faltas en los datos abiertos y el acceso a la información en nuestro país, al menos según los parámetros definidos en dicha Cumbre.
El Compromiso de Lima, titulado «Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción», establece 57 compromisos y acciones concretas de los Estados firmantes en siete áreas específicas; sin embargo, en el marco del Proyecto se priorizaron y seleccionaron 19 compromisos de los primeros cinco temas que se abordan en dicho documento, específicamente:
- Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
- Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión.
- Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales.
- Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas.
- Cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.
El compromiso mejor evaluado fue el No. 21, sobre la tipificación de los delitos de corrupción con base en las Convenciones Internacionales (CNUCC y CICC). Si bien, los delitos están tipificados de acuerdo con estos instrumentos, no están reunidos en un sólo corpus y un factor que podría estar afectando los procesos por corrupción, es el poco uso que se hace de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (LCCEIFP) por parte de los operadores de justicia, quizás por falta de capacitación.
Otros dos mandatos fueron valorados con cero avances, el No.18 de estadísticas sobre evaluar el impacto de las políticas de transparencia y contra la corrupción y el No. 29 de cláusulas anticorrupción en contratos del Estado. Algunos vacíos relacionados con este incumplimiento son los siguientes:
- Al coexistir varias normas sobre acceso a la información pública y no una Ley General de Acceso a la Información, se privilegia la más antigua y se ignora la más nueva.
- Si no hay sanciones claras por incumplimiento de las normas, entonces es discrecional, con lo que se desmotiva su cumplimiento.
- No hay una obligación legal de producir información básica, se producen datos no homogéneos e insuficientes para comparar.
La observación más obvia es que “sin información no hay transparencia y sin transparencia no hay libertad”, señaló Douglas Chacón, investigador del estudio.
Los siguientes 15 compromisos tienen un cumplimiento por arriba de la media, lo que refleja fortalezas en la institucionalidad nacional. La evaluación se realizó por medio de diversas sesiones de trabajo práctico, así como capacitaciones, investigación y recolección de datos según la metodología establecida en el marco del Proyecto. La iniciativa está impulsada por un consorcio de cinco organizaciones, que son capítulos de Transparencia Internacional (TI) en América Latina, y auspiciada por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) y el Foro Ciudadano de las Américas (FCA).
“El propósito del Observatorio es crear conciencia sobre el daño que provoca la corrupción en la población, especialmente, a quienes están en situación de vulnerabilidad. A esto se suma también la necesidad de monitorear e informar acerca de la gestión estatal para combatir este flagelo a través de políticas públicas pertinentes, efectivas y sostenibles”, agregó Tracy Rivera Obando, directora del Proyecto en Costa Rica.
A raíz de este análisis se concluyó que Costa Rica continúa siendo uno de los países en la región donde, efectivamente, existen diversas iniciativas contra la corrupción. No obstante, la fragmentación y falta de coordinación es un obstáculo. La capacidad de implementación de los compromisos asumidos internacionalmente se enfrenta con un débil entramado institucional y falta de cultura organizacional. La inclusión de distintos grupos vulnerables, sigue siendo uno de los aspectos por mejorar en el país.
El Observatorio Ciudadano de Corrupción propone tres llamados a la acción, con el propósito de promover una mayor transparencia y eficiencia a nivel nacional:
- Es imperativo mejorar la eficiencia de los procesos judiciales en materia de corrupción, los tiempos de resolución, la protección a testigos y la generación de estadísticas para la toma de decisiones.
- Es importante tomar decisiones generales para que las instituciones incorporen en sus rutinas la generación de bases de datos y estadísticas para mejorar su comprensión sobre los servicios otorgados a la ciudadanía.
- Diseñar un curso de acción política y regulatorio para incluir en todos los contratos del Estado, las cláusulas anticorrupción en sus compras y contrataciones.
Costa Rica tiene delante de sí, una gran tarea, modernizar la nación de la mano del Estado de Derecho y al mismo tiempo de la mano de ciudadanía, no se debe dejar de lado el poder de una ciudadanía informada, racional y libre.