Entre estos se encuentran cuatro funcionarios del Ejecutivo de Bukele, dos de ellos del circulo más cercano al mandatario.
Por EFE
Analistas y diputados salvadoreños pidieron este jueves al presidente Nayib Bukele que destituya a los altos funcionarios de su gobierno señalados por Estados Unidos de ser «actores corruptos y antidemocráticos».
El Departamento de Estado de EE.UU. publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción.
Entre estos se encuentran cuatro funcionarios del Ejecutivo de Bukele, dos de ellos del circulo más cercano al mandatario.
Se trata de Conan Castro, actual secretario jurídico del presidente, y Carolina Recinos, jefa del Gabinete de Gobierno. Además del ministro de Trabajo, Rolando Castro, y del jefe de las prisiones, Osiris Luna Meza.
De acuerdo con la jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de la organización humanitaria Cristosal, Ruth López, el presidente Bukele debe «tomar las acciones correspondientes en el ámbito interno».
«Esto implicaría separar a estas personas, que además resultan ser del círculo intimo del presidente», señaló la letrada y añadió que esto «afecta directamente la imagen y la credibilidad de la lucha contra la corrupción que él (Bukele) pudiera enarbolar».
El diputado opositor Johnny Wright, del partido Nuestro Tiempo (NT), indicó que es necesario separar a los funcionarios e iniciar las «respectivas investigaciones».
«La lista al final no debe de alegrarnos, debe de preocuparnos», añadió el legislador.
La embajada estadounidense en El Salvador señaló en un comunicado de prensa que el Departamento de Estado basó esta lista en «información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión, a partir de la información de los medios de comunicación y otras fuentes».
«El Departamento continuará investigando a las personas incluidas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir y desbaratar las actividades corruptas y antidemocráticas en El Salvador, Guatemala y Honduras», añadió.
La denominada «Lista Engel» señala que Conan Castro «socavó los procesos o las instituciones democráticas al colaborar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general» el 1 de mayo pasado.
Esta acción fue duramente cuestionada por la comunidad internacional, principalmente por Estados Unidos, por considerarse un golpe a la separación de poderes.
Recinos es señalada de «hacer uso indebido de fondos públicos en beneficio personal» y participar «en un importante esquema de lavado de dinero».
Al ministro de Trabajo se le acusa de obstruir «las investigaciones sobre corrupción» y socavar las «instituciones democráticas con el fin de perjudicar a sus oponentes políticos», mientras que a Luna de incurrir en «importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos».
A ellos se suman el exministro de Agricultura Pablo Anliker y al exministro de Seguridad Rogelio Rivas por «malversar fondos públicos para su beneficio personal» durante su gestión en la actual administración.
La lista la completan el diputado opositor Carlos Reyes, el magistrado electoral Luis Wellman, los empresarios Adolfo Salume y Enrique Rais.
Además se menciona al expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, al exalcalde Ezequiel Milla Guerra, al exguerrillero José Luis Merino y al excandidato a diputado por el oficialismo Walter Araujo.