La implementación de estas reformas es el siguiente paso importante hacia un proceso electoral transparente en noviembre.
Por EFE
Los hondureños serán convocados este jueves a las undécimas elecciones generales del 28 de noviembre, desde que su país retornó a la democracia, en 1980, después de casi dos décadas de regímenes militares, entre la incertidumbre por un supuesto fraude que presagia la oposición.
La convocatoria la hará el Consejo Nacional Electoral (CNE) en cadena nacional de radio y televisión, seis meses antes de los comicios en los que participarán catorce partidos, de los que tres, el Nacional (en el poder), Libertad y Refundación (Libre, primera fuerza política) y el Liberal, son los de mayor representación en el Parlamento.
En los comicios, a cuyo llamamiento le antecedió el martes la aprobación de la nueva Ley Electoral por el Legislativo hondureño, serán electos un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.
La nueva ley, que fue aprobada por 109 de los 128 diputados que integran el Parlamento, es casi una copia de la anterior, según directivos de partidos minoritarios y analistas como el primer fiscal general del Estado, Ángel Edmundo Orellana.
En la víspera, Orellana escribió en la red social Twitter que «El proyecto de ley electoral consensuado por los partidos no propicia la modernización del proceso, ni garantiza la transparencia en el escrutinio, porque en un 98 % se repite la ley actual y porque los partidos seguirán manipulando los resultados mediante sus activistas en las MER» (Mesas Electorales Receptoras).
EE.UU. APLAUDE APROBACIÓN DE NUEVA LEY ELECTORAL
La aprobación de la nueva Ley Electoral hondureña, recomendada desde hace varios años por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y países como Estados Unidos, fue aprobada a última hora luego de nuevas peticiones en ese sentido desde Washington.
Al conocer el martes sobre la aprobación de la nueva norma jurídica, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa indicó en un mensaje en Twitter que «Aplaudimos al @Congreso_HND por concretar la tan esperada aprobación de las reformas electorales».
«La implementación de estas reformas es el siguiente paso importante hacia un proceso electoral transparente en noviembre», añade el mismo mensaje.
La candidata presidencial y diputada por el minoritario Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata (Pinu-Sd), Doris Gutiérrez, dijo a Efe que «la nueva Ley Electoral no responde a las expectativas del pueblo hondureño, que en su gran mayoría quería una segunda vuelta».
Agregó que los hondureños también querían «un voto electrónico, una transmisión transparente de resultados garantizados y la ciudadanización de las mesas para evitar que los (tres) partidos políticos (mayoritarios) manipulen este proceso, que es un proceso ciudadano».
«Se pusieron de acuerdo tres partidos políticos, entonces estamos del bipartidismo al tripartidismo, ellos se están repartiendo con la cuchara grande las mesas electorales receptoras, de igual manera los consejos departamentales y municipales electorales. Entonces, por donde se vea hay una concentración de poder en estos tres partidos», enfatizó Gutiérrez.
Con la nueva ley electoral, los tres partidos mayoritarios ejercerán el control de las mesas electorales, mientras que los once minoritarios participarían de manera aleatoria, con personas a tres metros de las mesas donde se estén contando los votos, lo que resulta «absolutamente ridículo», expresó la candidata presidencial.
Salvador Nasralla, candidato del recién fundado Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo a periodistas que con la nueva Ley Electoral se le está marginando porque él es «el único» que puede sacar del poder al actual presidente del país, Juan Orlando Hernández, quien lleva dos períodos consecutivos al frente del Ejecutivo, desde enero de 2014.
El segundo período de Hernández fue salpicado por denuncias de presunto fraude en los comicios generales de noviembre de 2017, según las principales fuerzas de oposición, además de que buscó la reelección aún cuando la Constitución no lo permite bajo ninguna modalidad.
Nasralla acusa a Hernández de «corrupto» y «narcotraficante», y de querer continuar en el poder para que Estados Unidos no lo extradite y lo condene por narcotráfico, aunque el mandatario ha reiterado que entregará el poder el 27 de enero de 2022 y rechazado acusaciones, desde Nueva York, de que sea narcotraficante.
El candidato del PSH señaló además que, con anticipación, advirtió que las reformas electorales no servirían y que ahora lo que va a ocurrir es que miles de hondureños migrarán a Estados Unidos porque no van a querer seguir viviendo «en un país manejado por el crimen».