Tras la contracción económica de 2020, se estima que el PIB de Centroamérica, Panamá y República Dominicana se recupere parcialmente en 2021.
Por Revista Summa
La crisis del COVID-19 podría eliminar los avances sociales logrados en Centroamérica, en concreto la reducción de pobreza y desigualdad, además de afectar desproporcionalmente a los más vulnerables. Para evitar un crecimiento de la polarización y el descontento social, es necesario que los gobiernos fortalezcan servicios esenciales como la educación y la salud, hagan más efectivos sus mecanismos de ingreso y gasto público y generen mayor inclusión política y social de los grupos subrepresentados.
Estas son las principales conclusiones de la publicación Desigualdad y descontento social: cómo abordarlos desde la política pública. Informe económico de México, Centroamérica, y República Dominicana, presentado a los Gobiernos en la 35ª reunión anual de Gobernadores de Centroamérica y la República Dominicana y presentado hoy en un evento virtual en el que además de detallarse los principales hallazgos se mantuvo un conversatorio son expertos regionales en desigualdad, redistribución de la riqueza y descontento social.
Tras la contracción económica de 2020, se estima que el PIB de Centroamérica, Panamá y República Dominicana se recupere parcialmente en 2021, con un crecimiento del 3,8% que lo sitúa ligeramente por arriba de lo previsto para Latinoamérica y el Caribe. A pesar de esto y de las medidas ya tomadas por muchos países, se estima que la pobreza crecerá unos 6 puntos porcentuales en promedio, lo que implica la caída de 2,8 millones de personas en esta condición.
Adicionalmente, se espera un incremento en la desigualdad en la mayoría de los países. La pandemia ha afectado más a la clase media vulnerable debido a su participación en los sectores más afectados, su concentración en la economía informal y en el ámbito rural, su falta de cobertura médica y la dificultad para que les lleguen los apoyos. Además, tienen menos opción de trabajar y estudiar a distancia por falta de herramientas como internet.
Además del análisis económico, la publicación realiza un análisis de percepciones basado en una escucha de la conversación digital. La Asesora Económica Regional del Departamento de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del BID y coeditora del estudio destaca que “el análisis realizado nos dice que hay un proceso de escucha ciudadana que no se está haciendo. Es necesaria una mejor escucha de sus preocupaciones y expectativas, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas, lo que podría mejorar mucho el diseño de las políticas públicas”.
El informe económico propone que para superar la desigualdad es prioritario reducir la brecha en capital humano. En 2016, el gasto en educación y salud en Centroamérica, Panamá y República Dominicana fue del 8% del PIB, frente al 9,5% de América Latina y el 12% de los países de la OCDE. Aumentar la extensión y calidad de estos servicios debe ser parte esencial de las políticas de reactivación económica, a la par de la recuperación de los niveles de inversión, producción y empleo.
En cuanto a la financiación, el estudio sugiere que existe un potencial recaudatorio en el sector informal con ingresos altos que permitiría aumentar los ingresos por renta personal entre 20% y 30% dependiendo del país, y así redistribuir.
Finalmente, el informe destaca que la polarización está influenciada por la desigualdad y ligada al riesgo de conflicto. Si bien la polarización de ingresos se ha venido reduciendo, aún es muy alta en Centroamérica, por lo que sería favorable trabajar en la inclusión, más aún en esta región altamente rural. Por ejemplo: Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá concentran cerca del 50% de su población en el área rural.
Una de las maneras de mitigar el riesgo de conflicto, según los autores, es a través de instituciones políticas inclusivas. En ese sentido, Centroamérica aún debe avanzar en la representación política y social de los grupos subrepresentados. Por ejemplo, en todos los países de la región, las minorías están representadas en los Congresos un 66% por debajo de que representan en la población.