Centroamérica atravesó una de las temporadas ciclónicas más intensas en 2020.
Por BBC Mundo
«El panorama es sombrío».
Así describe Wendy Cruz, líder campesina hondureña, la realidad que se vive en el Corredor Seco centroamericano, un área geográfica rural que cruza desde México hasta Costa Rica.
La región lleva al menos dos décadas sufriendo los efectos del cambio climático, los que se traducen en largos periodos de sequía y temporales de lluvia que castigan las cosechas. Pocas veces hay un punto intermedio.
Y en el último año la situación se agravó por dos motivos: la pandemia del coronavirus y una intensa temporada ciclónica que incluyó el paso de los devastadores huracanes Iota y Eta a finales de 2020.
Por ello, entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que gran parte de la población en el Corredor Seco se encuentra «al borde de la hambruna«.
Y organismos de ayuda humanitaria indican que más del 80% de sus habitantes sufren de una severa crisis de inseguridad alimentaria y están en el límite de la pobreza extrema.
«La situación es dramática. La mayoría de los hijos tienen que migrar a las grandes ciudades o salir del país, mientras la gente de mayor edad trata de sobrevivir en trabajos mal pagados. La precariedad obliga a vivir bajo estas condiciones», señala a BBC Mundo la dirigente Cruz, quien es parte de la organización Vía Campesina y colabora con los habitantes del departamento de Choluteca, parte del Corredor Seco en el sur de Honduras.
El corredor
El área geográfica cruza desde el estado de Chiapas, en México, hasta el noroeste de Costa Rica, pasando por El Salvador, Honduras y Nicaragua.
También se considera como parte de esta zona de tierras áridas el Arco Seco de Panamá, aunque no tenga continuidad territorial.
Se trata de un tramo de 1.600 kilómetros de largo y de 100 a 400 kilómetros de ancho.
Sus sequías cíclicas están relacionadas con el fenómeno de El Niño y con eventos climatológicos extremos provocados por el cambio climático.
Paradójicamente, Centroamérica solo es responsable del 0,5% de la emisión de gases de efecto invernadero y la región es considerada como una de las más vulnerables a la crisis ambiental global.
En el Corredor Seco habitan, de acuerdo a estimaciones de 2019, más de 10 millones de personas.
La mayoría de su población se dedica a trabajar la tierra y es muy extendida la práctica de la agricultura de subsistencia debido a los bajos niveles socioeconómicos existentes.
El Consorcio de Organizaciones Humanitarias, una coalición de entidades no gubernamentales, publicó la anterior semana que entre 2018 y 2019 se produjo una grave crisis de seguridad alimentaria por las sequías sufridas en el corredor que afectaron las cosechas.
Sin embargo, 2020 fue más difícil para la región debido a que se superó el récord de tormentas tropicales y huracanes en una misma temporada ciclónica.
Además, la pandemia y las medidas tomadas para frenar los contagios «tuvieron un impacto negativo en las dinámicas de las familias agricultoras, personas trabajadoras informales y jornaleros agrícolas».
Al respecto, Gloria García, coordinadora humanitaria regional de Oxfam y parte del equipo que elaboró el informe sobre el Corredor Seco, explicó a BBC Mundo que los habitantes de la zona adaptan su vida a las condiciones del territorio desde hace años, pero lo sucedido desde 2020 afecto el día a día de la mayoría de ellos.
«Sus modos de vida están normalmente asociados a la agricultura de subsistencia y otras labores adicionales para conseguir el sustento diario. Sin embargo, la vulnerabilidad que comienza a percibirse en los últimos años se agrava porque la pandemia corta las actividades laborales adicionales y los intensos huracanes afectan directamente a las cosechas», indica.
El maíz, el arroz y el frijol, junto a otros cultivos que no demandan mucha agua para el riego, son los más usuales en los sembradíos de esa área geográfica.
Sin embargo, añade García, muchos de los pobladores viven en condiciones de seguridad alimentaria «al límite» porque no siempre tienen garantizadas las tres comidas diarias y una dieta equilibrada por los periodos de escasez de recursos o ausencia de productos.
Las mediciones señalan que en 2018 existían más de dos millones de personas que se encontraban en situación de inseguridad alimentaria en el corredor, la cifra se duplicó en 2019 y con la pandemia el número de afectados pasó a más de siete millones hasta de octubre de 2020.
«Después se produce el paso de huracanes muy densos, con cifras récord en número e intensidad, que extiende el problema hasta casi 8,5 millones de habitantes. Si ese cifra sigue creciendo año con año, llegaremos a un punto en el que el 100% del Corredor Seco y los territorios aledaños sufrirán de inseguridad alimentaria», concluye García.
Perspectivas
El coordinador subregional para Mesoamérica de la FAO, Adoniram Sanches, indica a BBC Mundo que uno de los efectos visibles del agravamiento de la situación en la zona son las migraciones masivas en forma de caravanas hacia Norteamérica.
«Estamos hablando de una crisis de inseguridad alimentaria que coloca a la gente al borde de la hambruna con un porcentaje de incidencia muy alto. Por eso vemos desplazamientos», indica el directivo de Naciones Unidas.
Sanches advierte que los problemas actuales en el Corredor Seco corren el riesgo de agravarse si es que no se realizan esfuerzos conjuntos entre gobiernos, organismos internacionales, otras entidades de cooperación internacional y la sociedad civil.
La FAO lleva adelante diferentes programas de apoyo a los agricultores de los países centroamericanos para mitigar los efectos de las sequías y la escasez de alimentos debido a que ya se advirtió la creciente inseguridad alimentaria antes de la pandemia del coronavirus y la temporada ciclónica de 2020.
Sanches indica que la crisis ambiental coloca no solo al corredor, sino a diferentes zonas de Latinoamérica, en riesgo de una emergencia alimentaria no vista antes.
Y además sostiene que, bajo las condiciones actuales, se volverá difícil cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la ONU entre los que se encuentra «poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible» hasta 2030.
Dentro de estas metas también se apunta a «garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos», además de «adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos».
Ante tal panorama, los países miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) promueven diferentes iniciativas para mitigar los impactos que sufre el Corredor Seco.
Sin embargo, entre los problemas que comparten estos gobiernos están la falta de recursos económicos y capacidades logísticas, lo que se agravó a partir de la pandemia.
Por ejemplo, El Salvador reportó que durante 2020 tuvo inconvenientes para avanzar con su plan de intervención en 114 municipios de «profunda vulnerabilidad» que son parte del corredor debido a la emergencia sanitaria y las tormentas.
El gobierno de ese país intenta, con ayuda de la FAO, reforestar 17.000 hectáreas y mejorar los sistemas alimentarios de 50.000 familias a través de un proyecto de cuatro años de duración.
Guatemala, por su parte, implementó un programa con el apoyo de la cooperación alemana para que los pobladores del corredor se adapten a condiciones climáticas cada vez más difíciles.
Uno de los pilares del plan es la entrega de semillas de mejor adaptación para reactivar la pequeña producción agrícola, además de la capacitación en la gestión del agua, suelo y los bosques.
Los primeros resultados del uso de los granos repartidos son auspiciosos, según informó el gobierno guatemalteco.
Pesimismo
Pese a los esfuerzos, la preocupación de los organismos internacionales es compartida por Wendy Cruz.
Como es parte de Vía Campesina, que tiene presencia en diferentes países de la región, sabe que la realidad que ve cotidianamente en Honduras se repite en otros países que conforman el Corredor Seco centroamericano.
Y a las migraciones internas y transnacionales, además de la crisis de trabajo y falta de recursos, añade lo que en su opinión es la problemática del agronegocio que se instaló en diferentes puntos de la zona.
«Vemos políticas de Estado que consideramos discriminatorias porque favorecen a la agroindustria en desmedro de los pequeños productores«, indica la dirigente.
Cruz explica que todo lo ocurrido en los últimos años, sobretodo en 2020, cambió drásticamente la vida de los campesinos.
«La gran industria es la beneficiada, incluso en tiempos de pandemia, con las mejores tierras y a ellos no les interesa el bienestar ni la alimentación de las familias», concluye.
