El Congreso Nacional (Parlamento hondureño) tiene cinco días para darle lectura íntegra a la solicitud y 30 días para las investigaciones.
Por EFE
Tres diputados de la oposición de Honduras solicitaron este jueves al Parlamento que se abra un «juicio político» contra el presidente del país, Juan Orlando Hernández, y su posterior destitución, por su vinculación en Estados Unidos «con múltiples juicios de narcotraficantes».
La solicitud, que fue entregada hoy a la Secretaría General del Parlamento hondureño por los diputados Luis Redondo, Jorge Cálix y David Armando Reyes, insta a que mediante los «procedimientos constitucionales y legales se inicien los trámites necesarios para seguir el juicio político para el titular del poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, por actuaciones contrarias a la Constitución de la República».
La otra razón que esgrimen es que el presidente está «vinculado en múltiples juicios contra narcotraficantes que se judicializan en Estados Unidos» y que «lesionan el interés nacional e internacional».
SE NECESITAN 96 VOTOS PARA ABRIR JUICIO POLÍTICO AL PRESIDENTE
«El Congreso Nacional (Parlamento hondureño) tiene cinco días para darle lectura íntegra a la solicitud y 30 días para las investigaciones», dijo a Efe el diputado Luis Redondo en comunicación telefónica.
Agregó que para abrirle un juicio político al presidente de la República se necesita el apoyo de tres cuartas partes de los diputados, en este caso 96 de los 128 que integran el Congreso.
En su exposición de motivos, los diputados señalan varias acciones que riñen con la justicia en las que, según explican, ha incurrido el gobernante, entre ellas haber salido reelegido en las elecciones generales de noviembre de 2017, aun cuando la Constitución no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad.
Una interpretación del poder judicial le dio vía libre a Hernández para que buscara la reelección en 2017, en un proceso salpicado por denuncias de «fraude» hechas por la oposición, que además se agudizó por la crisis política y social que arrastraba el país centroamericano desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya (2006-2009).
Se suman a la petición de un juicio político contra Hernández múltiples casos de presuntos actos de corrupción durante los dos periodos en el poder y su vinculación, en varias ocasiones, con el narcotráfico en juicios que enfrentan criminales hondureños en Estados Unidos.
SEÑALAN INCAPACIDAD E INCOMPETENCIA DE HERNÁNDEZ EN EL CARGO
Los tres diputados que solicitaron la apertura de un juicio político contra Hernández destacaron, además, la «manifiesta negligencia, incapacidad e incompetencia para el desempeño del cargo que ilegalmente ostenta».
Su solicitud, según indicaron, debe ser presentada ante el pleno del Parlamento dentro de los cinco días calendario después de haber sido recibida, y se debe nombrar una comisión especial de nueve miembros, de preferencia diputados abogados, para la investigación pertinente.
Además, Hernández debería ser suspendido «a fin de impedir la obstrucción de las investigaciones que deba realizar la Comisión Especial», y que se pueda votar «a favor de la destitución».
El pasado día 8, fiscales federales de Estados Unidos aseguraron que Hernández protegió a un narcotraficante hondureño a cambio de grandes sobornos, incluso usando al Ejército para facilitar sus actividades, ahondando en las alegaciones que ya plantearon durante el juicio por tráfico de drogas contra su hermano.
En una moción presentada ante un tribunal de Nueva York, los fiscales detallan la supuesta relación de Hernández con Geovanny Fuentes Ramírez, un presunto narcotraficante hondureño que fue detenido en Miami en marzo de 2020.
El escrito de la Fiscalía se enmarca en el caso contra Fuentes Ramírez y en él no se nombra explícitamente al presidente hondureño, al que se identifica como cómplice o coconspirador número 4 (CC-4), pero su identidad es fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio «Tony» Hernández, que fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos.
Según los fiscales, Fuentes Ramírez mantuvo varios encuentros en 2013 y 2014 con Juan Orlando Hernández y le pagó grandes cantidades de dinero para que protegiera sus actividades y aceptase usar a las fuerzas armadas como protección para sus actividades de narcotráfico.
Hernández ha rechazado siempre las acusaciones que le han hecho narcotraficantes hondureños en Estados Unidos y las atribuye a reacciones de ellos por los golpes que recibieron en el país por dedicarse al tráfico de drogas.
El 9 de enero, la Presidencia de Honduras rechazó que Hernández haya protegido a un narcotraficante hondureño a cambio de grandes sobornos, incluso usando al Ejército para facilitar sus actividades, como aseguran fiscales federales de Estados Unidos.
La sede del Ejecutivo dijo en la red social Twitter que la versión de que Hernández «supuestamente aceptó dinero de drogas de Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, o dio protección o coordinación a narcotraficantes, es 100 % falsa y parece estar basada en mentiras de criminales confesos que buscan venganza».
«Esta y otras alegaciones oportunistas languidecen ante el contundente hecho de que durante la Administración Hernández el tráfico de coca por Honduras se redujo del 87 % al 4 % de 2013 a 2019, según reconocen las publicaciones del Departamento de Estado (INCRS) de dichos años», indicó la Presidencia en otro mensaje.
En octubre de 2019, diputados opositores, entre ellos Jorge Cálix, que ahora lo hace por segunda vez, solicitaron un juicio político contra Hernández, siempre por señalamientos desde Estados Unidos de estar involucrado en narcotráfico, por los que espera sentencia «Tony» Hernández, hermano menor del presidente.
Entonces, la petición de la oposición para un juicio político contra Hernández no prosperó.