En el 2018, la ACNUR registró 315.779 solicitudes de refugio de personas de Centroamérica.
Por Revista Summa
La integridad física y patrimonial de la población migrante en Centroamérica, así como la tutela de sus derechos humanos, enfrentan riesgos crecientes ante las nuevas dinámicas migratorias, que a partir del año 2000 han estado determinadas por el aumento en los flujos de mujeres y menores no acompañados, el desplazamiento forzado, la movilidad en grupos masivos llamados “caravanas” y el incremento de personas que solicitan el estatus de refugiados.
De acuerdo con los principales hallazgos del proyecto de investigación “Migraciones internacionales, refugiados y desplazamientos internos en Centroamérica” auspiciado por la Panamerican Development Foundation (PADF), estas nuevas dinámicas han hecho que el fenómeno migratorio sea más complejo.
En el 2018, la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) registró 315.779 solicitudes de refugio de personas de Centroamérica. Un 38% de estas las hicieron personas de El Salvador, un 27% correspondieron a nicaragüenses y 24% a hondureños. Salvo en el caso de los nicaragüenses, de los cuales el 73% se dirige a Costa Rica, los solicitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras tienen como primer destino los Estados Unidos, como segundo México y España ocupa el tercer lugar para los salvadoreños y Canadá para el caso de los guatemaltecos.
Las investigaciones señalan que la falta de información sistemática y el reconocimiento de algunos Estados, han limitado la toma de conciencia pública sobre la magnitud y características del desplazamiento forzado en la región. De acuerdo con el “Centro de Monitoreo Internacional sobre Desplazamiento Interno”, El Salvador encabezaba la lista de países del hemisferio con la mayor cantidad de personas desplazadas: 246.000 nuevas víctimas en 2018. Aunque las cifras son menores para Honduras y no hay reportes para Guatemala, los problemas que origina el desplazamiento son comunes a los tres países: desarraigo, abandono de propiedades y pérdida de empleo e ingresos.
Una de las principales amenazas en contra de la niñez y adolescencia es el reclutamiento forzado por las pandillas, el acoso y las amenazas, con mayor intensidad en El Salvador. Para las niñas y jóvenes el riesgo es mayor, ya que además de ser reclutadas como integrantes, cuando un pandillero está interesado sexualmente en ellas, todo el grupo familiar se ve amenazado para presionar a los padres a entregarlas. Las llamadas “novias de la pandilla” corren el riesgo de convertirse en esclavas sexuales de los pandilleros. Dinámica que también se presenta en Honduras y Guatemala.
Con base en información recopilada por la Fundación Cristosal, en Guatemala, Honduras y El Salvador existe un creciente número de líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y dirigentes de organizaciones que han sido víctimas directas de situaciones de amenazas y atentados, siendo obligados a desplazarse. Una investigación realizada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, señaló que entre 2017 y 2018 fueron asesinados 39 líderes sociales en ese país, y se ejecutaron unos 884 ataques contra líderes indígenas, mujeres defensoras de derechos humanos, activistas de colectivos LGBTI, periodistas, jueces, abogados, entre otros.
En Nicaragua, a partir de abril del 2018, se comenzó a generar desplazamiento interno y externo como consecuencia de la crisis política que vive ese país. De acuerdo con un estudio realizado en 2019, 75% de las personas nicaragüenses que llegaron a Costa Rica a partir de esa fecha abandonaron Nicaragua por razones políticas, y un 51% señalaron haber recibido amenazas.
Los riesgos y vulnerabilidad asociados al desplazamiento son mayores cuando las víctimas son personas jóvenes o menores de edad. Un estudio realizado en 2018 por Save the Children en Guatemala, señaló que en 131 centros educativos se encontró que 817 estudiantes (57.5% del total) vivían con temor de ir a la escuela debido a factores externos a la institución, 23% del estudiantes y 28% del cuerpo docente han sido víctimas o conocen a alguien que ha sido acosado por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha a la llegada o salida de la escuela.
Además, desde el 2018 las caravanas improvisadas de migrantes que salieron de Honduras, Guatemala y El Salvador marcaron un hecho relevante en las dinámicas migratorias de Centroamérica. Muchas de estas personas dependen de la caridad de los habitantes locales o de la ayuda que prestan organizaciones humanitarias e iglesias para continuar su viaje, y para tener acceso a albergues o campamentos improvisados.
Los testimonios de la investigación de campo realizada por la Fundación Cristosal en El Salvador y Honduras en el año 2019, afirman que las víctimas del desplazamiento forzado no encuentran amparo en las instituciones policiales ni en el sistema judicial para la investigación de los casos, ni tampoco para beneficiarse de asistencia legal y de protección. Por ejemplo, 7 de cada 10 personas atendidas por Cristosal en el 2018 por desplazamiento no presentaron ningún tipo de denuncia. Para las víctimas, interponer una denuncia supone un alto costo y el riesgo de sufrir represalias, lo que implica para ellas una situación de desamparo.