Urge la disminución eficiente y efectiva de los gastos en publicidad, consultorías, asesorías, entre otros.
Por Revista Summa
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica propone restructurar el sector público, combatir la evasión de impuestos y contrabando, disminuir exoneraciones, revisar gastos tanto, del Gobierno Central como de todas las instituciones descentralizadas y limitar el monto de las pensiones de privilegio.
Estas propuestas forman parte de una lista de medidas, tendientes a reactivar la economía del país.
El Colegio realizó un análisis de la situación económica que está enfrentando el país tras 6 meses de la llegada del COVID-19 y su impacto en las finanzas del Estado Costarricense. El objetivo es colaborar con el Gobierno en materia de contaduría pública, finanzas, economía y asuntos tributarios. El fin es mostrar un camino hacia un equilibrio en primer lugar y en segundo lugar un acompañamiento de la reactivación económica que es urgente atender.
Para Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos, lo primero es determinar el déficit fiscal y el déficit presupuestario o déficit público, con el fin de establecer porqué los gastos realizados por el Gobierno Central u otras entidades, superan a sus ingresos. Se debe establecer si esos gastos están bien canalizados, pero para eso se debe exigir una rendición de cuentas, es decir que, si en efecto, como se nos ha informado, aumentó el gasto por COVID 19, podamos analizar en qué se gastó y si en verdad ese dinero fue para atender la emergencia.
“Es necesario que se tomen las medidas pertinentes para sanear las finanzas públicas a efecto de reducir el déficit fiscal, conscientes de que existen dos vertientes, la de los ingresos y la de los gastos”, indicó Smith.
Detalles de la propuesta:
Finanzas públicas sanas requieren fuentes seguras de ingresos:
1. Ingresos corrientes: son los impuestos directos y venta de bienes y servicios. Hacienda debe lograr que todos paguen ese impuesto de acuerdo con los ingresos que generen.
2. Contar con una política fiscal clara y sencilla: esta debe estar sustentada especialmente en impuestos directos como el de la renta, y no propiciar incrementos en impuestos que golpeen a la clase más baja como son impuestos a las transacciones financieras, el impuesto a la propiedad.
3. Disminuir la evasión de impuestos y el contrabando: de acuerdo con estudios realizados, ambos representan entre el 5% y el 7% del PIB respectivamente. Se podría lograr una disminución del 2% del déficit fiscal, si se toman acciones más efectivas y adecuadas para combatir la evasión fiscal.
4. Disminuir las exoneraciones: actualmente representan el 5.7 % del producto interno bruto (PIB).
5. Atraer al sector informal con incentivos de una menor carga.
Las medidas no deben ser adoptadas en relación solamente con los ingresos sino también con los gastos, para tener un déficit fiscal manejable. Se espera un déficit con respecto al PIB de 7.20% para el 2020.
“El déficit fiscal se viene presentando desde hace varios años. Es necesario que se realice un análisis de las finanzas públicas, especialmente en lo que se refiere al Gobierno Central, que presenta un déficit preocupante. La deuda del Gobierno Central representa un 49.2% del PIB., el cual es ya inmanejable, ya que la deuda no debería superar el 40% del PIB”, explicó Smith.
Acciones:
1. Necesidad de reducir las exoneraciones que representan un 5.7% del PIB.
2. Restructurar el sector público: Se debe realizar un estudio integral de las entidades del sector público, a efecto de determinar cuáles se cierran, cuáles se pueden fusionar y determinar qué programas se pueden eliminar. Existen más de 300 entidades y 900 programas. Es un aparato que tiene un accionar poco ágil y no logra los resultados adecuados para mejorar el desarrollo del país.
3. Invertir en la actualización tecnológica para que pueda realizarse mejor recaudación, la cual también puede realizar con información financiera centralizada de todos los contribuyentes y que todo el sector público implemente en forma definitiva las normas internacionales de sector público
4. Redefinir la situación salarial del sector público: aprobar la Ley de Empleo Público que establezca el salario único y elimine las diferencias tan sustanciales en los salarios.
5. Limitar el monto de las pensiones de privilegio, con cargo al régimen de Hacienda. Si bien se han aprobado límites a pensiones, se debe revisar varios regímenes que aún faltan de limitar o gravar.
6. Reformar la Constitución Política para disminuir los aportes que se otorgan al Poder Judicial, a las Universidades y Municipalidades, para que estén acorde con la situación de las finanzas públicas.
7. Renegociar transitoriamente el aporte que se otorga a la educación superior mediante el FEES (Fondo Especial de Educación Superior), para que se otorgue un monto razonable, acorde a la situación económica del país.
8. No adquirir vehículos de lujo, restringir los viajes al exterior, disminuir gastos de publicidad y propaganda y gastos protocolarios.
9. Realizar un análisis de lo que se paga en alquiler de edificios y ver si son necesarios esos alquileres.
10. Propiciar que todo el sector público utilice el SICOP en el sistema de contratación pública. El sector público de Costa Rica requiere de una integración y unificación de sus plataformas electrónicas de compras, para propiciar la transparencia y la eficiencia de la contratación estatal.
11. Que el Poder Ejecutivo proponga un Proyecto de Ley de Emergencia Económica para iniciar la Reforma del Estado, incluyendo la venta de activos públicos, e insistir en el traslado de los superávits libres de otras instituciones del estado como el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), etc.
12. Dictar una ley que establezca por un plazo de tres años un impuesto solidario a los salarios mayores de dos millones de colones, que no estén gravados actualmente.
Acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional):
1. Es razonable la propuesta de mejorar la eficiencia del gasto público para aplicar al déficit fiscal un monto equivalente al 0,75% del PIB, pero es necesario accionar más eficiente y eficaz para mejorar la eficiencia del gasto público con adecuada rendición de cuentas.
2. No avalamos cubrir los gastos y la inversión con un aumento en los impuestos, sin haber cerrado los esfuerzos de la reforma fiscal ¨Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, esto podría ir en detrimento de la poca estabilidad que tienen todavía algunas familias y acrecentaría la pobreza al no incentivarse la reactivación de las empresas para generar empleo.
“El objetivo debe ser mantener la recaudación de impuestos y aumentarla progresivamente, vía el consumo y el empleo, más las mejoras en los sistemas de fiscalización tributario”, agregó Smith.
3. En cuanto a la venta de activos del Estado, estamos de acuerdo, pero antes debe realizarse un estudio integral a efecto de determinar cuáles se cierran, cuáles se pueden refundir y determinar qué programas se pueden eliminar.
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica envió esta propuesta a los vicepresidentes de La República Epsy Campbell Barr y Marvin Rodríguez Cordero.