Ayer chocaron por la fecha del desconfinamiento y la vuelta a las actividades productivas.
Por El Salvador
Los diputados de la Comisión Política del Congreso y los emisarios del Gobierno no lograron anoche un acuerdo para avalar la nueva ley de cuarentena.
Esto sucede cuando solo falta un día para que venza el decreto de Emergencia que revivió por medio de una resolución la Sala de lo Constitucional la semana pasada. Además, esta falta de acuerdo deja en el limbo la reapertura de la economía y las reglas del confinamiento obligatorio para evitar más contagios de COVID-19.
Tras una extenuante jornada de propuestas y contrapropuestas, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce (del PCN), tiró la toalla y reprogramó por tercera vez en un día la sesión plenaria. Esta se celebrará hoy a las 2 de la tarde, y el anuncio se hizo luego de varios recesos, propuestas y contrapropuestas que incluyeron un enfrentamiento verbal entre el Secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro y diputados de ARENA, entre ellos Alberto Romero.
“No tengo idea de cuál puede ser la salida de este entrampamiento. Ambos tenemos la razón, somos representantes del pueblo. No avanzamos ni un centímetro después del alegrón que tuvimos a las seis de la tarde”, resumió Ponce, resignado.
Reuniones internas
Los diputados y la delegación del Gobierno continuarán la reunión hoy por la mañana, luego de que cada uno haga las consultas con sus respectivas áreas para llevar nuevas posturas.
El punto principal de discordia, y que abarcó casi toda la tarde de ayer, fue el inicio de la reapertura de la economía. El Gobierno se mantuvo firme en su posición de solicitar 15 días a partir de la entrada en vigencia del decreto. Para ello, alegaba razones médicas por los tiempos que incubación del COVID- 19, según explicó el ministro de Salud, Francisco Alabí, quien se retiró a principios de la tarde.
Alabí argumentó que los 15 días que piden están fundamentados en el periodo de evolución que tiene el virus en una persona contagiada, el cual determinó entre 7 a 21 días, y que solo una cuarentena estricta puede reducir los contagios.
Entrada la tarde, Alabí anunció en conferencia que el país ya se encuentra en la fase 3 de la pandemia, es decir que el virus ya circula en la mayoría del territorio.
El epidemiólogo Roberto Vidrí, desde su cuenta de Twitter, aseguró que “no es correcto afirmar que el virus desaparecerá con 15 días de cuarentena estricta. Eso es epidemiológicamente imposible, si no todos los países hubieran cerrado y el virus ya no existiría. Ejecutivo debe parar desinformación” y refirió a las recomendaciones del Colegio Médico, quien se ha pronunciado por atacar los nexos epidemiológicos, hacer cuarentenas focalizadas e ir a buscar los lugares de contagio.
Roces por las fechas de apertura
La postura de los diputados de ARENA, FMLN y PDC era que el Ejecutivo ha mantenido confinado al país entero por casi dos meses, además de sumar más de 15 días de no circulación de transporte público de pasajeros, restricciones de salida por número de documento de identidad para hacer compras, además de cierre de la mayoría de empresas. El costo económico y social de estas medidas, argumentan, es demasiado alto como para tener 15 días más de cierre estricto.
El primer punto álgido de la jornada fue cuando los delegados del Gobierno rechazaron la propuesta intermedia de abrir la economía el 8 de junio y no el 13 como proponía el Ejecutivo.
Incluso el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, amenazó con levantarse de la mesa de negociación si no se resolvía ese punto.
En ese momento, como a las 6:00 pm, el arenero René Portillo Cuadra lanzó otra propuesta: que se abriera la economía el 8 de junio para el sector privado y el 15 de junio para los empleados públicos. El FMLN se adhirió a esa propuesta. Castro solicitó un receso para analizar la propuesta, pero luego de ese intervalo, la respuesta siguió siendo negativa.
“Aquí no estamos negociando cosas. Estamos negociando vidas. La gente lo sabe, el peligro que puede correr con ese virus una vez adquirido. La posición del Gobierno es que el 3 de febrero la población de una manera clara le dio la confianza para gobernar y para administrar este país. Será la gente la que al final juzgue si se hizo bien o se hizo mal así como en su momento los juzgaron a ustedes. Es el sentido político”, respondió Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia, luego de evaluar la propuesta realizada por ARENA.
Los diputados no estuvieron de acuerdo con la respuesta del Gobierno e insistieron en sus argumentos de que si bien es cierto se debe mantener el confinamiento, también es prioritario pensar en reabrir la economía por el bien del sector informal y del formal. Además, destacaron las diferencias entre el sector público y el privado, siendo este último el más afectado.
“Hay salvadoreños que estando en cuarentena reciben su salario, es el sector público. Pero hay una gran cantidad de salvadoreños que al observar su cuarentena no tienen qué comer, ni reciben los $300 ni su canasta básica. Están realmente complicados, no muriéndose del virus, sino de hambre”, reaccionó Margarita Escobar de ARENA ante la insistencia de los 15 días.
“Ustedes han hecho hincapié en el control, pero la gente se está saliendo, y sin control. Lo que nosotros propusimos es una salida controlada, porque en ninguno de nuestros planteamientos de rompen las medidas ni se hace fiesta”, reclamó Schafik Handal, del FMLN.
El diputado del PDC, Rodolfo Parker, rechazó los argumentos de los funcionarios del Gobierno, en particular los de Castro, en el sentido de que la propuesta de los diputados respondía a un grupo de grandes empresarios.
“Que la Asamblea Legislativa se haya permitido presentar una visión equilibrada entre la salud y el trabajo no es para venir a introducir en el debate la discusión en el diálogo un discurso de odio entre ricos y pobres, entre empresarios grandes y pequeños, entre gente que trabaja para poder comer. No es el camino”, manifestó Parker.
Quien terció en la discusión fue el pecenista Antonio Almendáriz, quien se decantó por apoyar la propuesta gubernamental.
“Mi preocupación si se hace la diferencia entre la empresa privada y la parte gubernamental es cuál es la garantía de que no haya contagios en una parte o la otra. Como PCN apoyamos la propuesta del ministro de Salud porque quien está manejando la situación y tiene la asesoría es él”, espetó Antonio Almendáriz.
Amenaza del mandatario
En un momento de la tarde, mientras los diputados y los emisarios del gobierno debatían las propuestas, el presidente de la República, Nayib Bukele amenazó a los legisladores.
“No habrá apertura de nada, sin antes bajar la curva. Ustedes no van a mandar al pueblo salvadoreño a morir por decreto. Antes, tendrán que pasar por encima de este servidor” escribió el presidente en su cuenta de Twitter.
Al respecto, El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional emitió un pronunciamiento llamado “El Presidente no tiene la llave para abrir o cerrar la vida económica y Social”, en el cual declaran que “las suspensiones y limitaciones generalizadas de derechos constitucionales que se han hecho mediante decretos ejecutivos exceden las funciones constitucionales del órgano Ejecutivo y, en consecuencia, les aplica la nulidad”.