La reducción en la perspectiva se debe al elevado endeudamiento que el país ha adquirido en el último mes para afrontar el coronavirus.
Por El Salvador
La agencia de riesgo Fitch Ratings confirmó este jueves la calificación crediticia de El Salvador en ‘B-‘, pero modificó a “negativa” la perspectiva.
Según el comunicado oficial, la perspectiva de calificación negativa refleja el deterioro en las métricas de sostenibilidad de la deuda como resultado de la ampliación del déficit fiscal y la contracción económica.
La calificadora añadió que también refleja las restricciones financieras derivadas de una mayor dependencia de la deuda a corto plazo, un alcance limitado para financiamiento adicional del mercado local y un acceso incierto de financiamiento exterior del mercado dados los altos costos de endeudamiento.
Sin embargo, el financiamiento multilateral puede ayudar a aliviar las limitaciones de endeudamiento este año, indicó la agencia.
La calificadora, además, proyecta una profunda contracción económica del 4.8% en 2020 debido a la cuarentena, extendida para combatir la pandemia del coronavirus, así como la caída esperada del 20% en las remesas, que representan casi el 20% del PIB, lo cual afectará drásticamente la demanda interna. Sin embargo, espera un fuerte repunte del 5% en 2021, pero los riesgos son a la baja.
Fitch estima que El salvador tendrá necesidades financieras totales de 3,100 millones de dólares (12% del PIB) en 2020, incluido el déficit del gobierno central y 383 millones de dólares en amortizaciones de deuda, excluyendo casi 2,000 millones en facturas a corto plazo de ‘Letes’ (Letras del Tesoro) y ‘Cetes’ (Certificados del Tesoro).
El Salvador enfrenta una brecha financiera de 1,400 millones de dólares en 2020, dado que recibió 389 millones de dólares del FMI y otros 1,300 millones más fueron obtenidos en el mercado local, principalmente en deuda a corto plazo y CIP de deuda relacionada con pensiones locales. Es probable que gran parte de la brecha se cubra mediante desembolsos multilaterales.
La calificadora señala que las opciones de financiamiento en el mercado local son limitadas dado que el gobierno casi se ha acercado al límite superior legal de 1,500 millones de dólares en deuda de Letes a corto plazo con casi 500 millones de dólares agregados hasta la fecha.
El gobierno también ha emitido casi 500 millones en Cetes a un año en el mercado local. Las tasas de emisión de Letes y Cetes en abril de 2020 fueron del 9.5%, más de 250 puntos básicos más que las emisiones de marzo.
Asimismo, los fondos de pensiones privados locales y los bancos tienen un apetito limitado para comprar nuevas emisiones dada la caída de la liquidez interna y el deterioro crediticio esperado. El gran stock de deuda a corto plazo también complicará la capacidad de servicio de la deuda del gobierno, aumentando los riesgos de reinversión.