Las finanzas del operador del aeropuerto internacional de Panamá, Tocumen, S.A., empresa que se rige bajo el esquema de sociedad anónima, pero cuyas acciones pertenecen 100% al Estado panameño, se encuentran desequilibradas tras la fuerte descapitalización que sufrió en los últimos dos años durante la administración de Martín Torrijos, publicó La Prensa de Panamá.

Casi todo su capital fue traspasado de sus cuentas bancarias al Gobierno Central para atender el déficit de un grupo de instituciones públicas y para realizar donaciones a las juntas comunales de Tocumen, 24 de Diciembre y Pacora.

En la actualidad, la deuda tributaria de la empresa supera con creces sus depósitos a plazo fijo en el Banco Nacional de Panamá (BNP), debido a que en 2008 su administración decidió adelantar el uso de US$173 millones, producto de la adjudicación de los duty free, fondos que estaban programados para ser desembolsados en plazos diferidos en los próximos 10 años, publicó La Prensa.

Del total, una partida de US$140 millones se destinó a pagar el déficit presupuestario de varias instituciones del Gobierno como: el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Otros US$32 millones fueron declarados como donaciones a las juntas comunales de corregimientos aledaños a la terminal aérea. Todo por instrucciones giradas desde el Palacio de las Garzas, la casa de Gobierno, en 2008.

Para satisfacer el pedido del Ejecutivo, Tocumen, S.A. también aplicó recortes a sus partidas de inversión, entre ellas US$28,8 millones que estaban programados en 2008 para la construcción del Muelle Norte de la terminal y US$2,5 millones que estaban dirigidos a la construcción de un nuevo acceso en la terminal de carga.

Al haber traspasado todos estos fondos de forma adelantada, la administración debió pagar también impuestos sobre la renta por US$54 millones. Sin embargo, ello no se hizo y la empresa quedó con una alta morosidad tributaria.

Rafael Flores, gerente de Tocumen, S.A., calificó la situación como un «desgreño administrativo» y señaló que la Contraloría debió haber objetado estas transferencias por la forma como se manejaron, según el periódico panameño.

Incluso, la firma auditora de Tocumen, S.A., Moore Stephens International, advirtió en su momento que en las transferencias extraordinarias realizadas en 2008 por US$173 millones debieron incluir el pago del impuesto sobre la renta, apuntó el artículo de La Prensa.

La nueva administración de la empresa ha procedido a buscar un arreglo de pago con la Dirección Nacional de Ingresos (DGI) para poder conseguir el «paz y salvo» que requerían para las nuevas inversiones que se realizan en la terminal.

Como primer abono, el operador de la terminal aérea tuvo que girar a favor de la DGI US$25 millones para amortiguar una deuda fiscal que asciende a US$69 millones.

Flores advirtió que el movimiento de estas sumas millonarias requiere de una investigación, y dijo que en primera instancia, presentará el caso a la junta directiva de Tocumen, S.A.

También señaló que los US$32 millones que salieron como donaciones a ciertas junta comunales coincidieron con la campaña política.

Orcila Constable, ex gerente de Tocumen, S.A., dijo que conocía de estas transferencias extraordinarias, pero recalcó que todo fue aprobado por la junta directiva de la empresa. «Yo solo podía decidir por montos inferiores a US$30.000″, agregó.

En el BNP, la compañía solo quedó con US$20 millones a plazo fijo.
www.prensa.com

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