Costa Rica: Decisión de diputados permite avanzar en acciones para ordenar gasto público

14 junio, 2018
in Category: Economía
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Costa Rica: Decisión de diputados permite avanzar en acciones para ordenar gasto público

Costa Rica: Decisión de diputados permite avanzar en acciones para ordenar gasto público

Ejecutivo agradece acción del Legislativo para reincorporar artículos sobre tratamiento de destinos específicos al Proyecto 20580.

Por Revista Summa

El Poder Ejecutivo agradeció hoy a la Asamblea Legislativa que eliminara la moción 1533 que excluía los artículos relacionados con el tratamiento de destinos específicos dentro del proyecto 20580 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, lo que permitirá mantener el propósito de disminuir la rigidez del presupuesto nacional, reducir la presión de los destinos específicos en las finanzas públicas a mediano plazo y crear nuevos criterios de asignación presupuestaria a estos destinos legales.

Lo anterior, de acuerdo con las metas de las instituciones y la disponibilidad de recursos del Estado, pero garantizando los recursos necesarios para el financiamiento de las instituciones y programas de desarrollo social y económico, dirigidos a los grupos de menores ingresos, tal y como lo establecen los artículos 25 y 27 del mismo proyecto de ley.

“Recibimos de manera muy positiva la decisión de los señores y señoras diputadas, al atender una de las solicitudes del Ejecutivo, anunciada dentro del grupo de acciones necesarias para ordenar y contener el gasto público, lo cual nos compromete a seguir adelante con la ejecución de medidas y acciones que garanticen un mejor manejo de las finanzas públicas”, manifestó Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.

Según Hacienda, la legislación costarricense contempla un conjunto de reglas que buscan mantener el sano equilibrio las finanzas del Estado. No obstante, paralelamente a estas normas, se han creado otras que conllevan al incumplimiento de las primeras, tal es el caso de la aprobación de destinos específicos legales o constitucionales, que crean la obligación para financiar una serie de servicios trascendentales para los ciudadanos, pero sin crear la respectiva fuente de financiamiento que permita respaldarlos.

Dicha práctica lleva al incumplimiento de normas básicas de equilibrio presupuestario concebidas tanto en la Constitución Política (artículos 176 y 179), como en la Ley de Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos.

Esta paradoja entre la generación de gastos pero no de nuevos ingresos ha creado una brecha entre ambos y, por consiguiente, un déficit fiscal importante que se ha venido financiando con deuda.

Adicionalmente, esta práctica de crear obligaciones de gasto, conocidas como destinos específicos, contradice el enfoque de eficiencia y eficacia de un presupuesto por resultados, según el cual, primero se deben definir los objetivos y las metas de una institución y luego se procede a cuantificar cuánto costará eso para el Estado. Sin embargo, en Costa Rica primero se indica cuál es el monto a distribuir y, posteriormente, se define qué se puede hacer con dichos recursos.

Con la reincorporación de esta normativa se espera dar una solución a la problemática de los destinos específicos, señalada tanto por Hacienda como la Contraloría General de la República, según la cual, debería procurarse que los límites mínimos fijados en los destinos sean producto de una reflexión acorde con la realidad financiera, las necesidades de la población y los costos del servicio público, para permitir al Poder Ejecutivo y el legislador un margen de maniobra e iniciativa para eventuales ampliaciones.

A ellos se suma la Sala Constitucional que en su resolución 2013-3691 indica que “si los compromisos del Estado son múltiples mientras que los ingresos son bastante limitados, en caso de que se estime conveniente, deben promoverse las reformas legales necesarias a fin de ajustar la distribución de los ingresos a las posibilidades reales de la economía. Por lo que, se insta a las autoridades a realizar los ajustes que correspondan para que la determinación del gasto esté más acorde con los criterios apuntados.”

Esto también lo ha externado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha reiterado la necesidad de reducir la rigidez del presupuesto nacional y de revisar los criterios actuales de asignación presupuestaria, utilizando aquellos relacionados con las prioridades y las metas y objetivos del Gobierno.

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