Corrupción en América Latina y sus soluciones potenciales

20 febrero, 2019
in Category: En la mira
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Corrupción en América Latina y sus soluciones potenciales

Corrupción en América Latina y sus soluciones potenciales

El problema es que la corrupción causa pobreza… Ningún país corrupto es rico, y ningún país rico es corrupto.
Por Susan Clancy, Octavio Martínez y Niels Ketelhöhn INCAE Business School

América Latina sufre de altos niveles de corrupción, y experimenta actualmente una de las peores crisis de transparencia en su historia. Sólo el caso de Odebrecht ha involucrado a funcionarios públicos de alto nivel en Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. En el índice de percepciones de corrupción de Transparencia Internacional de 20171 , 15 de las 21 naciones de mayor población2 de la región están posicionadas en la mitad más corrupta de los 180 países incluidos en el ranking. La posición promedio en el ranking de los países latinoamericanos es 104 de 180, y la mediana es 112 de 180. Uruguay y Chile aparecen como los países más transparentes en la región en las posiciones 23 y 26, respectivamente. Venezuela y Haití tienen la peor percepción en las posiciones 157 y 163, respectivamente. Entre 2012 y 2017, 13 de las 21 naciones de la región, empeoraron su calificación en el índice (un país mantuvo el mismo nivel, y siete mejoraron).

En síntesis, somos una región percibida como corrupta por el resto del mundo. El 29% de las personas encuestadas por Transparencia Internacional reportaron haber pagado sobornos en el contexto de algún servicio público en 2017. Esta cifra ascedía a 51%, 46% y 39% en México, República Dominicana y Perú, respectivamente.

El problema es que la corrupción causa pobreza. En la Figura 1 se grafican observaciones correspondientes a 145 naciones para las cuales obtuvimos el nivel de transparencia3 reportado por 1 Publicación del ranking de Transparencia Internacional, 2017. Excluimos del análisis reportado en este documento a las naciones del caribe angloparlantes, con excepción de Jamaica. Estas naciones se sitúan todas en la mitad más transparente del ranking de Transparencia Internacional en 2017. Para Transparencia Internacional, transparencia es lo contrario de corrupción. Así pues, los países con altos niveles de transparencia son poco corruptos, y viceversa. Transparencia Internacional en 2017 (eje horizontal) y el PIB per cápita nominal para 2017 reportado por el Banco Mundial. Existe una correlación fuerte (0.83) y positiva entre el nivel de transparencia de una nación y su prosperidad económica. Todos los países ricos (PIB/Cap mayor a $40,000) son transparentes (Índice de Transparencia mayor a 50). Consecuentemente, ningún país corrupto es rico, y ningún país rico es corrupto. Entre los países pobres, la mayoría son corruptos. Aunque hay algunos pocos, como Ruanda, Botsuana y Bhutan, que son pobres a pesar de sus altos índices de transparencia.

Transparencia Internacional estima que el costo económico de la corrupción es de 5% del PIB mundial, lo que equivaldría en América Latina a US$278,000 millones. ¿Cómo afecta la corrupción a la economía? La corrupción disminuye la efectividad del estado, sesga la inversión pública, reduce la eficiencia de los servicios públicos, y aumenta los costos de transacción. Además, ahuyenta a la inversión privada (nacional y extranjera) y distorsiona los esfuerzos del talento empresarial.

Otros indicadores de progreso social están también relacionados a la transparencia. Nuestro estudio encuentra que la corrupción está también negativamente relacionada con indicadores de salud, educación, libertades personales, vivienda, seguridad personal, y vivienda. La corrupción es un ancla que impide el desarrollo integral de América Latina.

L a discusión anterior nos sugiere que el fenómeno de la corrupción es complejo y ubicuo, incidiendo en las diferentes esferas y niveles de la interacción público-privada. Por lo tanto, no podemos pensar en una acción única para solucionar este flagelo. Tampoco podemos esperar erradicarlo completamente considerando su génesis en la naturaleza humana. Sin embargo, podemos pensar como combatirlo y mitigarlo mediante intervenciones sistémicas que consideren acciones simultaneas en los ámbitos individual, empresarial e institucional.

A nivel micro, debemos promover valores y normas de conducta éticas que realmente influyan en la motivación intrínseca del individuo para cometer actos de corrupción. A nivel macro, debemos tomar acciones que reduzcan las oportunidades que ofrece el entorno para involucrarse en este tipo de falta. Empresarialmente, requerimos implementar programas anticorrupción que establezcan de forma clara no sólo las políticas de transparencia de la organización, sino también los mecanismos de control, incentivos y ambiente de confianza para perseguir este tipo de comportamiento indebido. Institucionalmente, necesitamos diseñar marcos jurídicos adecuados y aplicados con efectividad, procesos eficientes para la interacción públicoprivada, e incentivos para los funcionarios públicos justos y alineados con los objetivos anticorrupción.

Los valores y normas de conducta deben crear esquemas mentales que guíen el procesamiento de información y la toma de decisiones del individuo, especialmente en su interacción con la burocracia estatal. Esta formación debe ser un esfuerzo de los padres en el hogar desde temprana edad en conjunto con el sistema de educación formal a lo largo del crecimiento del individuo. Particularmente, se propone un nuevo paradigma para las escuelas de negocios, que han sido muy cuestionadas en los últimos años por el rol de líderes empresariales y públicos envueltos en casos de corrupción. Christine Lagarde, Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), expresa al respecto: “Es tiempo de que las escuelas de negocios adopten un nuevo paradigma y que pasen de bonos por desempeño a valores…tienen que desarrollar una generación de líderes del sector privado y público comprometidos con el bien común”.

Dos iniciativas de INCAE Business School que nos pueden servir como ilustraciones sobre el nuevo rol de las escuelas de negocio en la promoción de valores y comportamiento ético son: el Oath Club y el curso de Ética Empresarial. El primero, es una asociación de estudiantes y graduados de la institución que se dedica a promover la conciencia ética entre sus miembros y combatir la cultura de corrupción en América Latina. Como parte de esta iniciativa, los graduandos de la institución hacen un juramento público en el que se comprometen a seguir un código de conductas éticas para la creación de valor económico, social y ambiental sustentable en el largo plazo.

A nivel empresarial, podemos reducir las oportunidades para cometer estos ilícitos mediante la implementación de programas anticorrupción. Estos programas no sólo deben cumplir con la regulación nacional aplicable, sino también establecer los mecanismos para detectar y sancionar los casos internos de corrupción, así como promover la cultura de integridad y transparencia en la actividad empresarial. Desde el año 2016, la Organización Internacional de la Normalización (ISO) ha establecido el estándar ISO 37001 que sirve de guía para el diseño e implementación de este tipo de programas.

Los programas anticorrupción inician con una política anticorrupción explícita, conocida y compartida por todos los colaboradores de la organización. Deben incluir expectativas de conducta de los socios comerciales en su interacción con entidades de gobierno. También deben contemplar los estándares de transparencia para el manejo de contribuciones, donaciones, patrocinios y cualquier tipo de regalías entre colaboradores de la empresa, funcionarios públicos y partidos políticos. Asimismo, deben establecer los mecanismos de denuncia en caso de sospecha, sin temor a represalias y preferiblemente de forma anónima. Y, finalmente, deben establecer el sistema de sanciones para colaboradores que se involucren en actos de corrupción.

La mejora de la institucionalidad de cada país debe partir del diseño de un marco jurídico que establezca reglas de claras sobre la conducta esperada de los funcionarios en relación con la ética y la transparencia. El marco jurídico es importante para generar el ambiente de control que pueda disuadir a los individuos que se pueden ver tentados por cometer actos de corrupción. El marco jurídico puede incluir sanciones muy costosas para los individuos que están considerando cometer este tipo de ilícito. Pero, para que se desarrolle un ambiente de control realmente efectivo, el marco jurídico por sí sólo no es suficiente. Las buenas leyes y regulaciones deben ir de la mano de su aplicación rigurosa para que tengan un poder disuasivo significativo sobre posibles malhechores.

Por ejemplo, China es un país con leyes muy severas contra la corrupción. Su marco jurídico incluye incluso la pena capital en caso de faltas graves. Sin embargo, este tipo de sanciones tan severas han tenido un efecto más bien adverso en la incidencia de la corrupción en el país. Los jueces muy raras veces aplican la pena capital posiblemente por las graves consecuencias en caso de fallos incorrectos. Por lo tanto, las sanciones, por muy grandes que sean, no pueden generar un ambiente de control efectivo en la medida que la probabilidad de condena del funcionario corrupto sea muy baja. Es preferible que el marco contemple sanciones mucho menos severas, pero que sí sean aplicadas con rigurosidad.

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