Elecciones  presidenciales: Guatemala define su futuro

Las  complejidades socioeconómicas del país no dan espacio para reinventar la rueda  en materia de proyectos políticos

Alfred Kaltschmitt / Corresponsal  Guatemala
A dos meses de la primera vuelta  electoral, las encuestas anuncian alrededor de un 40% de indecisos que aún no  optan por alguna de las propuestas ofrecidas en la baraja de candidatos. Lo  curioso es que hay casi una veintena de opciones y, a pesar de ello, el  porcentaje de quienes no han resuelto a quién favorecer con su voto parece no  reducirse.

El actual proceso electoral es un tanto  atípico. Aun existiendo opciones de corte extremo o radical, más a la izquierda  que a la derecha del espectro político, se ha sentido un desplazamiento hacia  el centro y es ahí donde se sitúan los tres partidos que, hasta el momento,  cuentan con porcentajes significativos de votantes anunciados. A la cabeza, el  Partido Unión de la Esperanza, UNE, de centro izquierda, que se define como  socialdemócrata. Su candidato es Álvaro Colom, que incluyendo esta contienda  política sería la tercera vez que compite. El Partido Patriota, con el general  Otto Pérez Molina, siguiente en el ranking, abarca el centro derecha y no ha  manifestado públicamente una ideología concreta. El Partido Gran Alianza  Nacional, GANA, encabezado por el doctor Alejandro Giammattei y actual partido  de gobierno, es el tercero en opción de voto, se sitúa en un centro amplio con  discursos que oscilan hacia uno y otro lado de ese hipotético punto de  equilibro.
  Más alejados aparecen otro partidos  políticos, si bien, únicamente podríamos citar a la coalición Winaq-EG que, con  un pequeñísimo porcentaje (menor del 2%), ocupa el cuarto lugar y se sitúa en  una izquierda moderada del espectro político tradicional y postula a la  indígena y Premio Nobel Rigoberta Menchú.

Muchas coincidencias para los mismos  problemas
Los cuatro han desarrollado su fórmula  electoral sobre ejes muy concretos y coincidentes. El primero potencia la  seguridad y establece bases y principios para incrementar la labor policial y  la responsabilidad del Estado en torno al tema que más preocupa a la población:  el elevadísimo índice de inseguridad, unido a la proliferación de las maras y  del crimen organizado, que han estado a punto de poner en jaque al Estado en  algunas ocasiones y representa el reclamo más directo y contundente tanto de la  ciudadanía como de la comunidad internacional.

El segundo eje gira en torno a la salud y  la educación, con un ligero énfasis en esta segunda. La gestión educativa de la  administración que está por terminar no ha dado los frutos esperados. En parte por  la intransigencia del colectivo magisterial, que no está dispuesto a cambiar  reglas de juego que le favorecen y le permiten a la dirigencia sindical contar  con un poder importante mediante la presión y la lucha en la calle. Y con  respecto a la salud, los malos manejos de fondos en la compra de medicamentos,  la escasez de éstos y la paupérrima infraestructura en el interior, ha  evidenciado una crisis que ya no puede esperar más.

El tercer eje es la economía. Problemas  en otros sectores impiden el crecimiento económico necesario para poder situar  al país dentro del grupo de desarrollo medio en la próxima década. No se  consigue superar el 3,5 o 4% de crecimiento anual del PIB, algo muy alejado del  6% estipulado en los Acuerdos de Paz y sobre el que se estructuraba el  andamiaje de esos mismos acuerdos. En caso de seguir así, además de una  inflación cercana al 10% (salvo la del pasado año), llegar al punto necesario  de desarrollo tomará tres o cuatro décadas, un plazo que no puede soportar la  mayoría de la población.

La reforma del Estado es un cuarto eje  abordado igualmente por todos los candidatos. Existe una percepción clara de  que el modelo de Estado y el marco constitucional han tocado fondo. Los  partidos políticos están conscientes de que el actual sistema no permite  gobernar con acierto legal, y aunque todavía no se han desarrollado algunos  aspectos y marcos regulatorios que la vigente constitución contiene, no es  menos cierto que las condiciones actuales y el entorno distan mucho de aquella  Constitución que veintidós años atrás insertó al país en las democracias  latinoamericanas.

Planes de gobierno e impacto económico
Es en el tema económico donde el grado de  incertidumbre y falta de concreción es más elevado. Todos los candidatos han  anunciado proyectos que, sin duda, duplican los actuales presupuestos del  Estado. Los incrementos propuestos en ciertos programas electorales apuntan a  duplicar los de salud y educación y a aumentar, en grado no definido, el de  seguridad. Según el cálculo más conservador, las cifras del PIB indican que  será necesario, al menos en los primeros años del gobierno que resulte ganador,  duplicar los aproximadamente US$5.000 millones actuales.

En este caso, y aunque todos los  candidatos insisten en la necesidad de hacer un reajuste de las asignaciones  que hasta ahora se están llevando a cabo, no parece que la tasa de presión  fiscal vigente pueda estirarse tanto. Se propone una reasignación  presupuestaria y una incorporación de la economía informal, como primeras  medidas, y se estima que ello generará los recursos suficientes para no tener  que incrementar la carga impositiva y de esta forma incidir en un clima que  permita la atracción de inversiones extranjeras y promover las nacionales. No  obstante, ello no parece posible por múltiples razones. Una de las más  importantes es que para reconducir el gasto público hay que considerar  variables como el grado de compromiso de los presupuestos, pues la mayor parte  de la cantidad recaudada ya está comprometida como gastos fijos: salarios de  funcionarios, gastos de mantenimiento y suministros, asignación a  municipalidades, pago de deuda, etc., estimándose no más de un 15% disponible  para inversiones.

Otro punto importante es que parte de ese  monto es destinado a que congresistas, muchos de ellos sin escrúpulos,  dispongan de dinero gracias a fondos creados bajo denominaciones distintas,  para ejecutar obras en los departamentos donde ellos residen, fueron elegidos  o, sencillamente, cuentan con intereses personales. Esto ha generado en los últimos  años un importante debate sobre esa forma de corrupción y de compra de  voluntades, que será necesario cambiar con reformas a la administración pública  desde el propio Congreso, lo que dificulta la tarea y puede terminar creando,  como de hecho está ocurriendo, un foco de poder que compite (no coadyuva) con  el Ejecutivo y hasta con el Judicial.

Es por ello que las reflexiones de los  analistas apuntan más a intentar descubrir ese eje que busca financiar un nuevo  sistema sin que se produzca el incremento impositivo, y no visualizan otra  línea que no sea la del incremento en las cargas, bajo la fórmula de una  reforma fiscal nunca acabada.
  No es presumible una presión sobre el  sector informal, puesto que ello generaría rechazo social y cuestionaría el  programa de centro izquierda que los candidatos contemplan en su discurso.  Algunos impuestos terminan este año y el Estado dejará de recaudar una  importante cantidad que se sumará a aquella otra que necesita para activar los  programas que cada partido propone. A ello es necesario sumarle el grado de  corrupción e ineficiencia en la gestión económica y la necesaria disponibilidad  para finalizar las obras comprometidas: aeropuerto, mejora y construcción de  carreteras, principalmente. Por tanto, el anuncio político se dirige, sin  remisión, a una reforma que apunta al alza impositiva directa o indirecta y a  la consecuente incidencia en el sistema económico y de inversiones. Esto podría  reducir el grado de atractivo que ahora presenta el país para los capitales  nacionales y extranjeros —en convergencia con otras actuaciones en el marco  jurídico y de seguridad— e impedir el crecimiento económico necesario para  ingresar, en el mediano plazo, en el grupo de países con desarrollo medio.

En este sistema económico concurren además  otros factores desestabilizadores. El primero es el blanqueo de dinero a través  del sistema bancario e incremento de las construcciones, entre otras formas. El  segundo es la financiación del narcotráfico a ciertos grupos políticos con la  finalidad de asegurarse cuotas de poder mínimas en relación con la no  ratificación de marcos legales que les perjudiquen y a mantener en el ámbito  local los beneficios que hasta el momento han tenido. Estos dos factores  inciden en las estructuras de las reformas que puedan sugerir las formaciones  políticas y terminan generando una oposición más allá de la ciudadana, pero con  resultados mucho más visibles hasta el momento.
  Es por eso que, sobre la base de  carencias sociales, la estructura final que se configure tendrá, sin duda y con  un peso importante, un sólido vector en relación con la reforma económica. De  su éxito o fracaso dependerá la implementación de los planes de gobierno que  prometen los candidatos.

Los corredores: Quiénes son y cuál es su  ideología?
  Álvaro Colom Caballeros, del Partido  Nacional de la Esperanza (UNE)
  Nació en Guatemala el 15 de junio de  1951. Es ingeniero industrial en la Universidad de San Carlos (USAC).
  En 1991 fue nombrado viceministro de  Economía de Guatemala. Ese mismo año sirvió a su país como director del Fondo  Nacional para la Paz, cargo que ocupó hasta 1997. Fue asesor de la Secretaría  de la Paz y director ejecutivo de la Dependencia Presidencial de Asistencia  Legal y Resolución de Conflictos de Tierras (1997). Este es su tercer intento  de llegar a la presidencia del país. En los dos anteriores fue derrotado, si  bien en el último consiguió competir en la segunda vuelta.
UNE es heredero y al mismo tiempo  resultado de una larga evolución de luchas político-ideológicas de inspiración  socialdemócratas y socialcristianas, incubadas en la primavera política que  viviera Guatemala en el periodo de 1944 a 1954. En ese sentido, valora el  esfuerzo político, histórico y filosófico de la Revolución de Octubre, así como  el inspirado por la doctrina social cristiana.

Igualmente, UNE deviene como una  expresión de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad enarbolados por la  Revolución Francesa, y reconoce y respeta los valores de la cosmovisión maya,  en donde la lucha solidaria, la reivindicación y valoración de todas las  culturas y la relación armónica con la Naturaleza son visiones de vida  fundamentales para el desarrollo y progreso de los pueblos.
  General Otto Pérez Molina, del Partido  Patriota

Inició su formación militar en 1966 como  caballero cadete y luego oficial del Ejército de la Escuela Politécnica de  Guatemala. En 1993, jugó un papel significativo luego del autogolpe propiciado  por el ex presidente Serrano Elías. Luego, el presidente Ramiro de León Carpio  lo nombró jefe del Estado Mayor Presidencial, cargo que ocupó de 1993 a 1995.  Fue inspector general del Ejército en 1996 y jefe de la Delegación de Guatemala  ante la Junta Interamericana de Defensa con sede en Washington de 1998 a 2000.  Representó al ejército de Guatemala como miembro y signatario de la Delegación  Gubernamental de la Paz. En el año 2000 se retiró del Ejército. Tras fundar el  Partido Patriota, en las elecciones presidenciales de 2004 encabezó la Lista  Nacional, ganando su curul en el Congreso de la República. Formó parte de la  coalición con la que llegó al poder el actual gobierno, si bien la abandonó al  poco tiempo de comenzar el periodo y tras fungir unos meses como comisionado  presidencial para temas de Seguridad y Defensa.

El Partido Patriota concibe la política  como un medio legítimo y válido para acceder al poder, y su fin político es la  libertad, la prosperidad, la seguridad y la paz. Promueve los principios de  libertad, democracia, unidad, solidaridad, amor a la patria, reconciliación  nacional, búsqueda de consensos, participación de la juventud y la mujer,  diversidad, liderazgo y mística.

Alejandro Giammattei, del partido Gran  Alianza Nacional (GANA)
  Es médico. Fue director de Transportes  Públicos de la Municipalidad y, en 1991, gerente de EMPAGUA. Colaboró con el  TSE en actividades electorales en 1985, 1988 y 1990. En dos ocasiones fue  candidato a la alcaldía metropolitana con otros partidos diferentes del que  ahora lo postula, y en 2006 asumió la dirección del Sistema Penitenciario,  desde donde desempeñó una labor alabada por muchos y criticada por otros.

El partido GANA podría situarse en el  centro “amplio”, al poder contemplar aspectos cercanos a la derecha y otros a  la izquierda. Es necesario recordar que los orígenes de GANA se remontan a las  elecciones pasadas como coalición de varios partidos, razón por la que se  continúa percibiendo dentro de un amplio espectro de centro
  Rigoberta Menchú Tum, de la coalición  Winaq-Encuentro por Guatemala (EG)
  Es indígena maya quiché. Nació en Chimel,  una pequeña aldea de las montañas del Quiché guatemalteco. A los 19 años  comenzó a militar en el Comité de Unidad Campesina (CUC), en pleno conflicto  armado guatemalteco. Rigoberta se refugió en México a los 21 años, donde fue  acogida en Chiapas por el obispo Samuel Ruiz García. Al año siguiente volvió a  Guatemala, pero muy pronto tuvo que refugiarse en Nicaragua y luego otra vez en  México. Desde allí inició una serie de viajes con epicentro en Ginebra, donde  participaba en el grupo de trabajo de la ONU sobre poblaciones indígenas. En  1988 regresó otra vez a su país; fue encarcelada inmediatamente y se vio  obligada a partir de nuevo al exilio. En 1992 fue galardonada con el Premio  Nobel de la Paz y actualmente se dedica a actividades a favor de los derechos  humanos. En el gobierno actual se ha desempeñado como embajadora de buena  voluntad.
  Su ideología podría situarse cercana a la  social democracia o social cristianismo, con propuestas como la reforma  agraria, el incremento de la carga impositiva a “quienes más tienen”, el  regreso del Ejército a sus cuarteles fuera del marco de la seguridad ciudadana  y la igualdad de género.
  Es necesario recordar que la candidata  representa a una coalición de dos partidos. Winaq, al que ella pertenece, y  Encuentro por Guatemala, liderado por Nineth Montenegro, militante de izquierda  que lleva años haciendo una labor digna de mención en el Congreso de la  República.